La economía actual de EEUU está estructurada para funcionar con una gran dosis de actividades del crimen organizado. Como toda práctica económica, lícita o ilegal, la criminalidad asume un carácter transnacional imperial que subordina a otras naciones. En el cumplimiento de su reproducción y ampliación hace uso de las propias estructuras del gobierno gringo, especialmente de la DEA, FBI, CIA, Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, Secretaría del Estado, etc., y de cuanto aparato ideológico y político, público o privado, tiene a su alcance. En síntesis: los gabachos (y sus ecos en nuestro país, la derecha corrupta, embustera, hipócrita y traidora a la patria) culpan de lo que tiene de sobra.
En nuestros días, la criminalidad es más que un concepto jurídico. Es una rama de la economía capitalista que contribuye a la acumulación de capitales y a su concentración. La criminalidad antepone la apropiación de la riqueza por encima del interés humano y del ecosistema que habitamos. Aunque la lucha legal y policíaca resulta indispensable no dejan de ser atenuantes temporales y/o espaciales. Por eso, el combate radical y definitivo a la criminalidad está vinculado a la transformación real y verdadera de la sociedad. A partir del cambio de la estructura social se pueden modificar las relaciones internas que favorecen la criminalidad y modificar también las relaciones con el resto del mundo, en especial con el imperio gringo.
Es innegable la inacción del gobierno estadounidense para combatir su propia criminalidad; en cambio, protege a grandes capos como al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, traficante de armas y de 400 toneladas de cocaína y a muchos narcos mexicanos, como la familia de los “Chapitos”. Esos hechos demuestran la preocupación, y ocupación, del gobierno gringo por proteger las redes operativas y de complicidad que energetizan el circuito de actividades ilícitas de la economía estadounidense, tales como el mercadeo de drogas, armas, lavado de dinero y el dinamismo que induce en la industria farmacéutica, armerías, telecomunicaciones, automotrices y de insumos a la criminalidad.
El imperio económico, político, militar e ideológico que ha levantado EEUU, monopolizando, globalizando y neocolonizando al mundo metió a ese proceso a la criminalidad, la ha transnacionalizado y la protege porque se sirve de ella. En algunas naciones, ha implantado patrones criminales, según el papel que le corresponde para el circuito económico imperial (minería, petróleo, agua dulce, madera, tráfico de armas, tierras raras, narcóticos, trata de blancas, migración, tráfico de órganos, etcétera).
Lo hizo en Colombia, en manos de Pablo Emilio Escobar; en México con Ismael (El Mayo) Zambada y Joaquín (El Chapo) Guzmán Loera. En otros tipos de criminalidades la ha exportado a Asia, Medio Oriente, África, Europa, Centro y Sur América.
Cada base militar (870 en 80 naciones) es síntoma del gigante interés económico lícito, o ilegal, en alguna región del planeta. Las más de 100 intervenciones militares de EEUU en el mundo y el injerencismo, la asistencia financiera, organizativa, de propaganda y mediática a los grupos de derecha para derrocar, o promover gobernantes, como sucede en toda América, es una regla que corrobora la primer línea de este artículo periodístico.
Toda esa estructuración económica de actividades ilícitas, alentada por la economía estadounidense, y protegida por su gobierno, no sólo choca contra el Estado de Derecho Internacional y el de cada una de las naciones involucradas, sino esencialmente contra sus economías, la contención del progreso, el bienestar y la seguridad.
En ese contexto debe entenderse la aplicación unilateral de aranceles comerciales internacionales; los chantajes de firmar, o no, el tratado de libre comercio con México; pero también los convenios leoninos, como el de saquear tierras en Calica; la exención de impuestos a grandes empresas gringas que, además, exigen dotación de naves industriales, subsidios de energéticos, al salario y evasión de distintas obligaciones patronales con el trabajo, entre otras.
Esa estructuración de la economía gringa por la criminalidad ha calado a nivel de la subordinación ideológica y política de un segmento muy reaccionario de nuestro país, al que identificamos como la derecha corrupta, embustera, hipócrita y traidora a la patria que trafica con combustible gringo (huachicol fiscal), como el demostrado al panista Ernesto Ruffo Appel; la entrega de armas al crimen organizado, que promovió García Luna y Felipe Calderón con “Rápido y Furioso”; la privatización de los energéticos defendida por Peña Nieto y Ricardo Anaya; o, de plano, permitir la entrada y la operación de agentes extranjeros acordados por la gobernadora panista María Eugenia (Maru) Campos con el gobierno de Texas. Todos hechos demostrados.
Cuando los panistas defienden a Cabeza de Vaca, al que querían de legislador plurinominal; a Maru Campos y a Ernesto Ruffo, están corroborando que son los principales promotores de la subordinación de México a la criminalidad y, con ello, a los gringos.
