Tras una marcha realizada el martes 14 de julio en el municipio de Tabasco, en exigencia de justicia para Areli, la niña de 10 años víctima de violación sexual e intento de feminicidio por parte de un presunto agresor de 13 años, la Red Estatal de Trabajo Social A.C. (RETSZAC) encabezó la noche de este miércoles una protesta en la capital zacatecana para exigir el fin de la violencia contra las niñas, bajo el lema «¡Basta! La infancia no se defiende sola».
La manifestación se realizó a la entrada principal del Hospital General Zacatecas, frente a Ciudad Gobierno y contó con la participación de las colectivas Madres Protectoras de Infancias y Herederas de la Luna, integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas.
Irma Rosa Hernández, trabajadora social y activista, dio lectura al pronunciamiento en el que las colectivas llamaron a superar lo que calificaron de «prevención de aparador» y subrayaron que el caso de Areli no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de tratar la prevención de las violencias como un gasto simbólico en lugar de una inversión estructural.
Las activistas denunciaron un déficit de especialistas en psiquiatría infantil y juvenil en el estado, y exigieron que la atención psicológica y psiquiátrica gratuita para la niñez y la adolescencia deje de ser una respuesta posterior a la tragedia y se convierta en parte de la atención básica de salud. En ese punto señalaron que la Coordinación General Jurídica estatal no ha publicado hasta la fecha la Ley de Salud Mental del estado.
Las organizaciones destacaron la necesidad de equipos multidisciplinarios permanentes de psicología, trabajo social y pedagogía en escuelas y comunidades de alto riesgo, con capacidad de dar seguimiento a los casos detectados. Reclamaron una coordinación entre salud, educación, DIF, fiscalía, seguridad pública y municipios, ante lo que describieron como una ambigüedad en las responsabilidades que se traduce en abandono institucional.
También pidieron presupuesto etiquetado y evaluación pública de resultados, de forma que los municipios considerados «foco rojo» en violencia reciban recursos proporcionales al riesgo, así como una inversión sostenida y no esporádica en espacios seguros y actividades comunitarias para la niñez.
Durante el pronunciamiento se recordó que el propio fiscal general reconoció la existencia de conductas de riesgo previas y alertas tempranas que no fueron atendidas a tiempo por los mecanismos familiares, escolares y comunitarios.
Las colectivas urgieron a la ciudadanía a asumir una crianza colectiva, es decir, a corresponsabilizarse del cuidado de la niñez y la adolescencia del entorno inmediato, bajo la idea de que el cuidado no recae únicamente en sus madres y padres, sino en toda persona de la comunidad que los ve crecer, en la escuela, el parque, la iglesia o la tienda. “Empecemos por ahí, con lo que sí podemos controlar: nuestra propia atención y presencia hacia las niñas, niños y adolescentes de nuestra comunidad”, concluyó el comunicado.
