La violencia política contra las mujeres en razón de género no debe utilizarse para callar a periodistas ni a ciudadanos que cuestionan a mujeres que ejercen cargos públicos, advirtió este viernes Dania Paola Ravel Cuevas, exconsejera del INE, durante el Primer Seminario sobre la Participación Política de las Mujeres, la Paridad y la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, realizado en la ciudad de Zacatecas y organizado por el IEEZ.
Ante alcaldesas, síndicas y regidoras de distintos municipios del estado, Ravel Cuevas puso como ejemplo el caso de «una ciudadana ama de casa que pone su opinión en Twitter sobre una mujer que tiene un cargo público federal». Ese no fue, dijo, el objeto para el que se creó la figura legal, pues ahí «la relación asimétrica de poder es completamente inversa» a la que la ley busca proteger.
El ejemplo de Ravel describe, casi al detalle, lo ocurrido con Karla Estrella, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, sancionada en abril de 2024 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) por un twuit en el que cuestionaba la candidatura de la esposa del entonces diputado Sergio Gutiérrez Luna. El tribunal ordenó a Estrella pagar una multa, capacitarse en género y ofrecer disculpas públicas dirigidas a la denunciante, identificada en la sentencia solo como «Dato Protegido».
Ravel explicó que la figura legal se creó para atender una relación de poder desigual, en la que la persona agresora —generalmente con poder político— tiene ventaja estructural sobre la mujer violentada. Por eso, dijo, tampoco se pensó para inhibir a periodistas que difunden datos relevantes sobre candidatas, quienes por serlo deben tener «muchísimo más tolerancia al escrutinio público». Puso otros ejemplos de lo que, insistió, no constituye violencia política de género, como señalar que una funcionaria incumplió sus promesas de campaña, o que tiene vínculos con el crimen organizado cuando existen pruebas de ello.
Precisó que, para configurarse como violencia política de género, un caso debe reunir tres elementos: que la conducta se dirija contra una mujer por el hecho de serlo, que tenga sustento en roles o estereotipos de género, y que busque menoscabar sus derechos político-electorales.
La exconsejera señaló también que el ámbito municipal concentra la mayor parte de los casos de violencia política de género en el país, un problema que, dijo, se agudiza con la llegada de más mujeres a cargos públicos. Recordó que de las elecciones de 2024 resultaron electas 10 mil 070 mujeres, entre ellas la primera presidenta de México, cuatro gobernadoras o jefas de gobierno, 537 presidentas municipales y casi 9 mil integrantes de ayuntamientos.
Dania Ravel citó a la activista Martha Tagle, quien ha señalado que llegar a un cargo público no equivale a ejercer el poder que conlleva, y lamentó que pese al número histórico de mujeres (alcanzando la “paridad perfecta”) en la Cámara de Diputados, pocas participan en comisiones como economía o seguridad.
Cerró su participación advirtiendo sobre «retrocesos indeseables a nivel mundial» y afirmando que la paridad sustantiva no se logrará mientras exista la violencia política de género.
