Zacatecas es un «punto neurálgico» en la logística del tráfico de armas de Estados Unidos hacia el interior del país, afirmó el periodista Fernando Coca Meneses durante la presentación de su libro Balas con remitente: el tráfico de armas de Estados Unidos a México, realizada ayer en las instalaciones de la Universidad de la Vera-Cruz (UVC), en la ciudad de Guadalupe.
El rector de la UVC, Carlos López Aranda, dimensionó las afectaciones de la violencia armada al recordar que el último festival de Día de Muertos incluyó dos altares en memoria de jóvenes de la propia institución, víctimas de armas de fuego.
Coca Meneses señaló que en las últimas dos décadas han ingresado ilegalmente al país cerca de 20 millones de armas de uso militar, a un ritmo de 500 mil al año, cuya circulación generó en 2024 un daño económico equivalente al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Según el autor, Zacatecas no solo funciona como corredor logístico de armas hacia el Pacífico y el sureste del país, sino que en varios casos se ha convertido en punto de destino final de ese armamento. La investigación documenta 11 rutas de tráfico identificadas tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, que parten de estados como Texas, Nuevo México, Arizona y California hacia el interior de México y Latinoamérica.
El periodista atribuyó 350 mil muertes en México al uso de armas de fuego de procedencia estadounidense, así como 113 mil personas desaparecidas y cerca de medio millón de niñas y niños huérfanos en las últimas dos décadas.
El libro retoma la denuncia presentada en agosto de 2021 por el entonces canciller Marcelo Ebrard contra fabricantes de armas estadounidenses, resuelta en contra de México por la Suprema Corte de ese país, que determinó que no se acreditó responsabilidad directa de los fabricantes en la violencia generada en México.
El autor señaló que existe una segunda demanda, radicada en Tucson, Arizona, dirigida esta vez contra distribuidores y vendedores de armas, y no contra las armadoras.
Otras propuestas mencionadas para frenar el tráfico incluyen la ampliación de un convenio binacional para el uso del sistema de rastreo de armas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF), conocido como eTrace, acordada hace 15 días entre el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos en México, así como la propuesta de crear una agencia aduanera binacional para revisión conjunta en ambos sentidos de la frontera.
El autor contrastó la ley mexicana, que reserva el uso de armas de fuego de uso militar a las Fuerzas Armadas, con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que —dijo— permite a cualquier ciudadano adquirir armamento de forma ilimitada, y subrayó que la industria armamentista estadounidense no está sujeta a regulaciones equivalentes a las del sector tabacalero o farmacéutico.
Ante una pregunta del director de Profeco, Juan Pablo Laysece, sobre afectaciones de la violencia a la llegada y expansión de empresas privadas extranjeras, el autor recordó que durante la crisis de seguridad en Michoacán, Coca-Cola suspendió temporalmente el envío de productos a algunas comunidades, y mencionó también el secuestro y asesinato de 11 ingenieros de una empresa minera de capital canadiense en el noroeste del país.
El evento fue organizado por El Camino de México A.C. y la UVC, y convocado por Alejandro Bonet Ordoñez, empresario y activista social vinculado al movimiento fundado por Marcelo Ebrard.
