El conflicto de productores agrícolas y su posterior arropamiento de sindicatos, feministas y estudiantes en Zacatecas ha dejado de ser un diferendo estrictamente económico para convertirse en un síntoma político y social de mayor profundidad. Lo que inició como una disputa por el precio de garantía y el acopio —27 pesos por kilogramo para una parte de la cosecha y una ampliación posterior pagada a 16 pesos— hoy exhibe las fracturas de un gobierno sin habilidades para leer el descontento social, así como las limitaciones de una oposición que sin tapujos y proyecto de contraste pretende convertir cualquier inconformidad en una ganancia electoral automática.
Desde hace meses resultaba evidente que el movimiento campesino había logrado algo cada vez más raro en el Zacatecas contemporáneo: legitimidad social, persistencia organizativa y capacidad de presión política al mismo tiempo. La marcha del pasado lunes confirmó que no se trata de una protesta aislada ni de un artificio partidista, sino de una expresión auténtica de hartazgo de sectores rurales, magisteriales y juveniles que sienten que se han incumplido las promesas, manteniendo tratados comerciales desiguales y políticas públicas insuficientes.
Sin embargo, la respuesta gubernamental en lugar de coordinarse con la federación y dar a conocer desde un inicio las bondades del programa de acopio de frijol y de transparentar su operación; ha transitado por el camino más peligroso: minimizar el problema y reducirlo a una conspiración política. Desde el oficialismo zacatecano se insiste en atribuir la movilización a la manipulación de actores de derecha vinculados con Aguascalientes, particularmente a la dupla Jiménez-Villarreal que, en honor a la verdad, si opera en Zacatecas. Puede existir oportunismo político externo, como siempre ocurre cuando emerge un conflicto social de gran escala, pero confundir el aprovechamiento político con el origen del problema es una equivocación grave. Nadie moviliza durante semanas a los productores y a los sectores que marcharon el pasado 11 de mayo si no existe una causa real que lastime su economía y dignidad.
La derecha zacatecana, por su parte, también incurre en una lectura superficial. Cree que la sola presencia de universitarios, maestros, trabajadores, feministas y campesinos en las calles representa una transferencia automática de simpatías electorales. Se equivoca. Primero, porque las demandas centrales del movimiento pertenecen históricamente al campo ideológico de la izquierda: defensa del pequeño productor, intervención del Estado para garantizar precios justos y protección social frente a las distorsiones del mercado. El PAN jamás construyó una tradición política vinculada a la defensa estructural del campesinado; por el contrario, acompañó a los hacendados y durante décadas políticas neoliberales que abandonaron al agro mexicano a la competencia desigual frente a los subsidios multimillonarios de Estados Unidos.
Segundo, porque la condena a la represión policial y la defensa del derecho a la protesta también forman parte de las luchas históricas de la izquierda mexicana. Resulta imposible separar las imágenes de las detenciones del pasado 9 de mayo con la promesa de la presidenta Sheinbaum de jamás repetir hechos como los de Atenco,: campesinos que demandan la intervención del Estado para mejorar el precio de su cosecha terminan enfrentándose a un gobierno emanado de un movimiento que prometió no repetir jamás los métodos autoritarios del pasado.
Ahí reside el verdadero tamaño de la crisis. La mayoría de quienes marcharon no son conservadores, ni de Morena pero tampoco son enemigos del proyecto de transformación; muchos de ellos creyeron en él y continúan compartiendo sus principios fundamentales. Son ciudadanos que respaldan la idea de un Estado fuerte para proteger a los más vulnerables, capaz de brindas educación pública para el hijo del campesino y que rechazan el abandono neoliberal del campo; quienes marcharon se identificaron con las causas progresistas y están muy alejados de las bases de Claudio X González. Pero una cosa es creer en los ideales y otra sostener indefinidamente a gobiernos incapaces de materializarlos.
En suma, la partidocracia parece no comprender que el conflicto no gira únicamente en torno al precio del frijol. También expresa una profunda crisis de representación. La derecha supone que puede capitalizar cualquier enojo sin revisar su propio historial frente al campo y frente a las políticas sociales. Morena, mientras tanto, parece olvidar que los movimientos populares no se sostienen solamente con símbolos o discursos, sino con congruencia política, sensibilidad social y la mejora de las condiciones materiales del pueblo.
Zacatecas podría acercarse a una circunstancia inédita: un cambio político no motivado por el rechazo al proyecto de transformación, sino por la decepción hacia quienes juraron encarnarlo y terminaron reproduciendo prácticas de soberbia y cerrazón. Esa es quizá la enseñanza más importante del conflicto actual. Cuando un gobierno progresista deja de escuchar a su base social y opta por descalificarla, es momento de rectificar.
Todavía existe margen para rectificar. Pero el tiempo político suele agotarse más rápido que el administrativo. Y los pueblos, especialmente aquellos que históricamente han resistido abandono y pobreza, pueden soportar muchas cosas, menos la sensación de haber sido traicionados por quienes hablaron en su nombre.
