El ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, relacionados con el llamado huachicoleo ferroviario para evadir impuestos.
Un juez de distrito admitió la demanda a trámite, aunque no dio a conocer si le concedió la suspensión provisional. No obstante, las autoridades pueden impugnar esa medida.
Hoy continuará la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, a las 13 horas, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si vincula a proceso a Ruffo Appel y cuatro personas.
El ex mandatario tramitó la demanda el 16 de julio, día que fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de huachicol fiscal, ya que al accionista mayoritario de la empresa Ingemar se le relaciona como parte del entramado para el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México.
En su demanda, Ruffo Appel reclamó 17 actos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos la orden expresa o implícita de trasladarlo fuera del municipio de Ensenada; su retención o detención sin la exhibición inmediata de una orden judicial válida; la incomunicación que, aseguró, subsiste desde su captura; la omisión de informar a su familia y a su defensa sobre su ubicación exacta, así como la negativa a permitirle comunicarse con ellos.
Asimismo la negativa a recibir y administrarle medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la omisión de practicar una valoración médica integral, la falta de certificación sobre si está médicamente apto para ser trasladado, así como la irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y cualquier acto que impida su localización, la ratificación de la demanda o la eficacia de la suspensión.
Como parte de esta indagatoria, las autoridades descubrieron 129 carrotanques, de ellos 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, que contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal.
Para la FGR, Ruffo y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques, los cuales se advierten de importaciones en condiciones ilícitas, evadiendo contribuciones fiscales y regulaciones en materia aduanera para su posterior disposición en el mercado interno fuera de los canales autorizados.
