La irrupción de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, en el conflicto del frijol zacatecano no sólo resulta inédita: es profundamente reveladora del momento político que atraviesa el país. Porque mientras cientos de productores reclaman condiciones dignas para comercializar su cosecha y sobrevivir a un modelo agrícola históricamente abandonado, la derecha mexicana parece más interesada en convertir el conflicto social en escenario de posicionamiento electoral.
El anuncio de destinar 30 millones de pesos para comprar frijol zacatecano genera más preguntas que certezas. ¿Con qué programa presupuestal? ¿Bajo qué reglas de operación? ¿Con qué facultades legales? Porque una cosa es la solidaridad institucional y otra muy distinta la utilización política de una causa legítima. Y si bien cualquier apoyo al campesinado sería deseable, de los dichos a los hechos hay una enorme distancia cuando se trata de recursos públicos que requieren sustento jurídico y transparencia.
Sin embargo, reducir el problema a la intervención de actores externos sería un error. Lo verdaderamente importante es que el gobierno de Zacatecas entienda que los conflictos sociales no se resuelven con desgaste mediático ni con cálculos políticos, sino colocando al centro la mejora de las condiciones materiales de la población. Eso vale para los productores del campo, para los docentes, para las madres buscadoras y también para quienes exigen verdad en casos como los que involucran a Rubén Rocha Moya o Maru Campos. Gobernar implica atender las causas de fondo, aplicar la justicia independientemente del color del partido y no administrar el descontento.
La protesta campesina evidenció además otro problema igual de grave: la actuación irresponsable de las corporaciones policiales. Resulta inadmisible para un gobierno de izquierda que se haya detenido a personas cuyo único “delito” era manifestarse o solidarizarse con los productores. Más absurdo aún es que una estudiante fuera arrestada por repartir agua o que una maestra jubilada terminara lesionada durante un operativo desproporcionado para una movilización que jamás representó un riesgo.
No basta con liberar a quienes fueron detenidos injustamente. El gobierno estatal debe remover de inmediato a quienes coordinaron esos operativos y sancionar tanto a quienes ejecutaron como a quienes ordenaron esas acciones. De otra manera, el mensaje será devastador: que en Zacatecas ejercer derechos constitucionales puede convertirse en motivo de persecución.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que episodios como los de Represión de San Salvador Atenco no deben repetirse, en Zacatecas persisten prácticas que remiten justamente a esa lógica de criminalización de la protesta social.
Si se condena —con razón— la intromisión oportunista de la derecha en una causa legítima, también debe demostrarse que desde la casa propia se atiende a los campesinos, existe capacidad de autocrítica y respeto hacia quienes alzan la voz. Porque ningún gobierno popular, como dicen que son los de la cuarta transformación, puede darse el lujo de olvidar que la autoridad se legitima escuchando y resolviendo, no reprimiendo.
