Recientemente se dio a conocer una iniciativa firmada por varios legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, en la que se propone realizar ajustes a la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que a su vez impactará a nivel subnacional. En su momento, desde este mismo espacio en reiteradas ocasiones abordamos las áreas de oportunidad que existían en la propuesta que finalmente resultó aprobada e implementada, en su primera etapa, durante el año pasado. No tiene sentido realizar un recuento de ello. Vale la pena, sí destacar la prudente y atinada propuesta que realizan un grupo de legisladores, al que van sumándose otros tantos de la misma expresión política, para matizar, en parte, y atender con seriedad, las fallas que más se han notado en esta primera fase de la transformación de los poderes judiciales en nuestro país. Además de las razones estrictamente jurídico-institucionales, comienzan a tomar relevancia las económicas. En días pasados el diario español El País informaba que, entre las exigencias que Estados Unidos estaba poniendo sobre la mesa en las conversaciones rumbo a la renegociación del T-MEC, estaba justamente la garantías de que los jueces sean calificados, independientes e imparciales. En este contexto la propuesta firmada, entre otros, por el Senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de los Diputados, hace eco de una inquietud que cada vez va más allá de la crítica y la oposición, situándose en la razonabilidad del necesario ajuste a la reforma aprobada en septiembre de 2024. En esta misma lógica, cabe esperar que no se pretenda dar marcha atrás al método de elección popular de las personas juzgadoras.
La iniciativa comienza haciéndose cargo de que los requisitos que se establecieron para acceder a los cargos jurisdiccionales resultan insuficientes, por lo que propone eliminar algunos de éstos y acudir a la Escuela Nacional de Formación Judicial para que ésta certifique las competencias de quienes pretendan convertirse en personas ministras, magistradas y juezas. En este mismo aspecto, se propone pasar de los tres comités de evaluación actuales, a uno solo, conformado por nueve personas: tres propuestas por cada poder.
También admite que la concurrencia de las elecciones judiciales, con las de naturaleza político-partidista, genera riesgos institucionales, como los de menor deliberación sobre los perfiles técnicos, la saturación informativa o la presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral, por lo que propone posponer para el 2028 el proceso electoral judicial.
La iniciativa en cuestión acierta en atender algunas cuestiones de gestión del Poder Judicial y sus instancias. Destaca que se pretenda retomar el esquema de las salas en la Suprema Corte, rebautizándolas como “secciones”. Asimismo, dota de mecanismos para la distribución de las cargas de trabajo y la cobertura de vacantes, entre otras, como la renovación de las presidencias de los tribunales de Disciplina y Electoral, así como la sustitución escalonada de los integrantes del Órgano de Administración.
Finalmente, y para efectos de transparencia y rendición de cuentas, destaca positivamente, que en la exposición de motivos se plantee la creación de un Observatorio Ciudadano, como un espacio de deliberación ciudadana para dar seguimiento, evaluar y emitir opiniones respecto al desempeño de las personas juzgadoras, una propuesta, que por cierto, aquí mismo hemos abordado como deseable en el nuevo contexto de un poder judicial susceptible, como nunca, a la rendición de cuentas vertical, vía la participación social (Nuevo y viejo desafío: la rendición de cuentas en el Poder Judicial. La Jornada Zacatecas Edición del 18 de septiembre de 2025).
Cabe pues aplaudir la fórmula de prudencia, astucia y pertinencia en esta iniciativa que puede consolidar un modelo que, como se ha insistido, es único en el mundo, y por lo tanto, tiene desafíos sin comparación frente a fenómenos muy comunes en nuestros tiempos, el más preocupante, en este caso, la captura de las instituciones a costa de los derechos de las personas, particularmente, de las personas más vulnerables.
@CarlosETorres_
