La presidenta de México Claudia Sheinbaum sufrió un revés y fracaso político el miércoles 11 del mes actual en el Congreso, donde su iniciativa de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada que requieren los cambios a la Constitución. Durante la sesión del pleno de la Cámara, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. Para ser aprobada necesitaba 334 votos de 500 posibles. La iniciativa presidencial fue apoyada por los diputados del oficialista MORENA, que es la primera fuerza en esa Cámara, pero rechazada por sus aliados PT y PVEM, así como los de oposición PRI, PAN, MC y también algunos del propio MORENA.
Estos resultados dejaron en evidencia que, al interior del partido en el poder, existen fracturas que la presidenta no ha podido controlar. Sin embargo, como es costumbre en los gobiernos de la 4T el mensaje político quedó instalado, porque pudo presentarse como una mandataria dispuesta a revisar estructuras que, desde la narrativa oficial, pueden asociarse con excesos, burocracia y privilegios.
Por consecuencia, Sheinbaum optó por rediseñar su estrategia. El nuevo paquete denominado Plan B, privilegia cambios legales que requieren reformas constitucionales por las medidas que buscan: redefinir estructuras locales legislativas; imponer límites presupuestales a congresos estatales y rediseñar la representación política en las entidades.
Esa iniciativa, no sólo trata de corregir asuntos administrativos o presupuestales. En el fondo representa una intromisión del poder federal en la vida interna de los estados, y pone en riesgo el federalismo que es uno de los pilares del sistema mexicano. Con la justificación de austeridad republicana, incluye disposiciones que afectan directamente a la integración de los congresos locales; a la organización de los cabildos municipales; a las estructuras electorales de las entidades federativas y en la distribución del poder político en los estados. Así, la federación trata a éstos, no como entidades soberanas que tienen facultades propias, sino como extensiones administrativas del poder central, sujetas a rediseñar y ser organizadas desde la presidencia. Lo que representa en realidad, es una centralización que atenta contra el carácter federalista de la República Mexicana, concepto que indica el artículo 40 de la CPEUM, que a la letra dice:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
No puede entonces, acorde con el precepto anterior, decidirse la organización política de los estados desde el poder federal.
Sin embargo, con el plan B, en Palacio Nacional creen saber lo que hay que hacer. Y ahora sólo pretenden que el Congreso de la Unión funja de levantadedos, lo que significa una contradicción flagrante, pues el gobierno insistía en que todo sería para mejorar la calidad de la representación popular, pero con esta posición, la ruta de la presidenta está equivocada.
Respecto del centralismo que propone la presidenta en su iniciativa del plan B es, en nuestro país un gran retroceso histórico, según el siguiente comentario.
Desaparecido el primer imperio, los diputados del Congreso optaron por la República como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, pronto surgió la disputa: los partidarios de la República federal (federalismo) y la República central (centralismo).
Centralismo es un sistema que concentra el poder, las funciones políticas y administrativas en un órgano central: el Estado como autoridad suprema el cual provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. En cambio, el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados, que delegan parte de su soberanía en un organismo o autoridad general que es el Estado. Bajo este sistema, los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias.
El grupo conservador compuesto por el alto clero, los militares, los terratenientes y los comerciantes, optó por el centralismo como sistema de gobierno, porque garantizó la conservación de sus fortunas y privilegios. Los federalistas de mentalidad liberal, representaron las aspiraciones de un nuevo grupo de clase media conformado por pequeños propietarios; comerciantes; profesionistas; intelectuales y burócratas.
En 1824 los diputados mayoritariamente federalistas, formaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y juraron la primera Constitución federal del país, la cual tenía influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y la Carta de Derechos de los Estados Unidos de 1791.
Bajo este contexto histórico y marco conceptual, el plan B de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum enviado a la Cámara de Senadores el día 17 del mes actual, tiene un carácter centralista porque busca concentrar las decisiones electorales en el nivel federal, reduciendo significativamente la soberanía de los estados, municipios y los organismos locales electorales. Esta iniciativa limita la capacidad de los estados para organizar sus propios procesos electorales, invadiendo sus facultades soberanas.
Además, incluye reducir regidurías; disminuir presupuesto en congresos locales y ajustar salarios de funcionarios.
Plan B, modifica los artículos constitucionales 35, 115, 116 y 134.
¿Será también rechazado?
