María de Guadalupe Zepeda Martínez, presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios /Icomos Mexicano), informó que este organismo dará seguimiento al proyecto del viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos porque, a pesar de que el gobierno del estado lo canceló, es necesario que los resolutivos definitorios de los jueces no sean revocados.
En ese sentido, consideró que la asociación Ciudadanía Participativa de Zacatecas, por su defensa del Centro Histórico de la capital del estado, amerita ser candidato para el premio Federico Sescosse 2026 que se entrega el próximo año, pero ello deberá ser determinado por los jueces.
Además de los amparos que obtuvo esta organización, comentó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó el polígono de protección que no tenía la ciudad y el límite se estableció justamente en el límite del boulevard y por lo tanto no se pueden realizar obras.
Es decir, dijo que no había manera de que prosperara ese proyecto tanto por los amparos que logró esa organización como por el límite formal del polígono del Centro Histórico colocado en el boulevard, lo que impide que se realice ahí alguna obra.
De acuerdo con Zepeda Martínez, “si el polígono termina en el boulevard, la zona de amortiguamiento sobre la cual se tiene que tener reservas para proyectos de construcción nueva”.
Ante la insistencia del gobierno del estado para llevar a cabo este proyecto, opinó que los amparos de Ciudadanía Participativa de Zacatecas estuvieron bien argumentados y ello derivó en el otorgamiento de amparos para suspender el proyecto.
Al respecto, desmintió que los jueces hayan otorgado las suspensiones en venganza porque la Cuarta Transformación impulsó la elección popular en el poder judicial, como lo afirmó el gobierno del estado, ya que los recursos legales estuvieron bien formulados.
Con la llegada de nuevos jueces que pudieran tener vínculos políticos con el gobierno estatal y federal, consideró que ellos están obligados a actuar con imparcialidad y respetar el Derecho y la justicia.
Asimismo, Zepeda Martínez informó que la Ley de Cultura y Patrimonio establece derechos a los ciudadanos que no son escuchados por sus autoridades e instituciones de todos los órdenes de gobierno en temas de protección al patrimonio.
“Cuando los ciudadanos no están de acuerdo con un proyecto de gobierno, con esta ley los ciudadanos podemos encontrar los elementos de derecho para oponernos a obras que pudieran poner en riesgo nuestro patrimonio cultural”, concluyó.
