En un escenario internacional marcado por la disputa geopolítica por minerales estratégicos, la decisión del Estado mexicano de recuperar concesiones mineras ociosas constituye un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y en la rectoría sobre los recursos del subsuelo. En la presente administración se han recuperado 1,126 concesiones que abarcan 889,512 hectáreas, una superficie equivalente a los estados de Morelos y Tlaxcala juntos. No se trata de un dato menor: es una señal clara de que el interés público prevalece sobre la especulación y el acaparamiento.
Las causas de esta recuperación son reveladoras: falta de pago de derechos sobre minería y omisión de informes estadísticos y de obras. Es decir, concesiones que no cumplían con la función productiva ni con las obligaciones legales fueron revertidas al Estado. De las 1,126 concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, lo que subraya el doble propósito de la medida: ordenar el sector y proteger el patrimonio ambiental.
El desglose territorial muestra la magnitud de la acción: Sonora concentra 141,408 hectáreas recuperadas (16%); Durango, 129,741 (15%); Coahuila, 120,475 (14%); Jalisco, 72,985 (8%); Zacatecas, 69,602 (8%); y Chihuahua, 34,074 (4%), mientras que otras entidades suman 35%. Este mapa no sólo refleja la importancia minera del norte y occidente del país, sino también la decisión gubernamental de intervenir donde prevalecían inercias concesionarias.
Frente al creciente apetito global por minerales raros y estratégicos, México no puede limitarse a ser territorio de extracción sin planeación. Recuperar concesiones inactivas fortalece la capacidad del Estado para planear, regular y eventualmente aprovechar estos recursos bajo criterios de sustentabilidad, valor agregado y beneficio social. La soberanía energética y mineral no es consigna retórica, sino condición indispensable para un desarrollo autónomo en tiempos de turbulencia global.
En esa lógica de recuperación soberana del subsuelo, Zacatecas —históricamente forjado por la minería— debe abrir un debate serio sobre la viabilidad y los alcances de contar con una empresa minera de carácter estatal, que opere bajo criterios de transparencia, sustentabilidad y reinversión social. La experiencia de LKAB en Suecia demuestra que es posible articular explotación responsable de recursos estratégicos con empleo digno, innovación tecnológica y beneficios directos a las finanzas públicas. No se trata de estatizar por consigna, sino de construir un instrumento público que capture mayor valor para la entidad, fortalezca las cadenas productivas locales y garantice que la riqueza mineral se traduzca en desarrollo regional, mitigación ambiental y bienestar colectivo, en lugar de seguir alimentando un esquema extractivo donde la mayor renta se fuga fuera del territorio.
