El fiscal general del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, rechazó que exista un subregistro o una omisión en el reporte de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, al asegurar que todas las denuncias, incluidas aquellas que pudieran corresponder a ausencias voluntarias, son investigadas y notificadas al Registro Nacional correspondiente.
Durante declaraciones, el fiscal aclaró que no existe una figura legal de “desaparición voluntaria” que implique inacción por parte de las autoridades. Por el contrario, afirmó que todas las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, independientemente de las circunstancias en las que la persona haya salido de su domicilio. “Todos se reportan, todas las carpetas de investigación que se inician van relacionadas con personas desaparecidas y no localizadas”, enfatizó.
Camacho Osnaya señaló que existe una comunicación constante con colectivos de búsqueda, con quienes se realizan reuniones de seguimiento de manera periódica. Incluso, reveló que apenas un día antes sostuvo un encuentro directo con representantes de dos de estos colectivos, como parte del compromiso institucional de mantener transparencia y coordinación.
En cuanto a las cifras actualizadas, el fiscal general dio a conocer datos precisos al corte más reciente. Detalló que en lo que va del año 2026 se han iniciado 54 carpetas de investigación, las cuales corresponden a 59 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. De este total, siete casos han sido confirmados como víctimas de un delito, específicamente privación ilegal de la libertad, mientras que el resto corresponde a ausencias voluntarias.
“No hay ningún ocultamiento de la cifra, al contrario, todo siempre se evidencia”, subrayó el fiscal, al tiempo que explicó que las ausencias voluntarias pueden obedecer a múltiples factores. Entre ellos mencionó conflictos familiares, problemas laborales o situaciones personales que derivan en la salida del hogar sin previo aviso. Como ejemplo, compartió el caso reciente de un joven que abandonó su casa tras un conflicto con su padre, situación que fue debidamente investigada y clasificada dentro del núcleo familiar.
No obstante, Camacho Osnaya advirtió que, aunque una ausencia pueda tener un origen voluntario, las acciones de búsqueda y localización no se suspenden bajo ninguna circunstancia. “Lo que no podemos perder de vista es ser inactivos o dejar de hacer acciones para una localización; eso jamás sucederá”, afirmó.
El fiscal también hizo un llamado a la reflexión social al señalar que, sin generalizar, una constante en muchos de los casos está relacionada con problemas de salud pública, particularmente el consumo o la venta de drogas. Aclaró que no se trata de una regla absoluta, pero sí de un patrón que debe atenderse desde una perspectiva integral. “Sería muy irresponsable generalizar, pero sí es una constante que hay que comenzar a atender como sociedad, como medios de comunicación y como autoridades”, sostuvo, destacando la necesidad de políticas públicas preventivas.
Respecto a la desaparición de dos ingenieros mineros originarios de Zacatecas, ocurrida en el municipio de Concordia, Sinaloa, Camacho Osnaya informó que la Fiscalía de Zacatecas sí abrió una carpeta de investigación, a pesar de que los hechos ocurrieron fuera del territorio estatal. Explicó que la denuncia fue presentada por los familiares desde la semana pasada y que, desde entonces, se activaron acciones de coordinación con autoridades federales y estatales.
Indicó que mantiene comunicación directa con la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y que en la zona ya se han realizado cateos, además de desplegarse un operativo con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo, dijo, es la localización de las diez personas reportadas como desaparecidas en ese evento, entre ellas los dos mineros zacatecanos.
Finalmente, el fiscal abordó el caso de Tlaltenango, donde recientemente fue detenido el exdirector de Seguridad Pública Municipal. Precisó que, por el momento, la investigación está focalizada exclusivamente en dicho exfuncionario, quien dejó el cargo el pasado 31 de enero de 2026. Añadió que, con la nueva legislación en materia de seguridad, se fortalecerá el seguimiento estatal sobre los mandos policiales municipales, avanzando hacia esquemas de mayor coordinación y control.
