Integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco desmintieron que el gobierno del estado haya avanzado en la compra y adquisición de terrenos a los ejidatarios para iniciar con la construcción de la presa Milpillas e incluso en uno de los ejidos se ha prohibido la entrada a funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Denunciaron que recientemente los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del gobierno del estado (SAMA) y del municipio de Jiménez del Teul les han presionado con la amenaza de que, si no venden ahora, la presidencia de la República les va a expropiar las tierras.
En ese escenario, señalaron que están preparados para recurrir a amparos o los procedimientos legales que sean necesarios, además de la organización de las comunidades: “sabemos que eso puede pasar y nos estamos enfrentando a muchos desafíos a muchos problemas, a mucha corrupción, pero toda esta lucha es por la vida, para no tener que migrar cuando no tengamos una gota de agua solo por la ambición de algunos”.
Recordaron que en Zacatecas las mayores concesiones de agua las tienen las grandes empresas y personas de la clase política “a las que no les tocaron ni un pelo con la reforma a la ley de Aguas Nacionales”.
Mientras tanto, afirmaron que los ejidos no han vendido sus tierras para comenzar el proyecto y no hay la mínima intención de hacerlo, al grado de que en Atotonilco ni siquiera se permite el acceso a representantes de cualquier dependencia que pretenda convencerlos.
En otros ejidos como El Potrillo, Estancia de Guadalupe y Corrales, mencionaron que hay personas a favor y en contra del proyecto, pero solamente algunos privados han vendido sus terrenos desde hace 10 años cuando inició la promoción de la presa Milpillas.
“En El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales hay gente que está a favor y en contra, pero aquí en Atotonilco el 100 por ciento de los ejidatarios están en contra y por eso se ha logrado que ninguna dependencia pueda entrar”, dijeron.
Comentaron que el año pasado e gobierno del estado logró comprar un terreno que era privado, pero lo hicieron bajo presión y hostigamiento al propietario al que después fue exhibido porque filtraron el contrato de compra-venta y una fotografía, ello con la intención de confrontar a los habitantes de las comunidades ya que es familiar de algunos ejidatarios de Atotonilco.
Además, refirieron que la presa no solamente afectaría a los ejidos que se han movilizado, sino también a comunidades que se ubican río abajo y que dependen de su cauce para su sobrevivencia.
Por tanto, insistieron en que los ejidos no cederán sus tierras y, ante la pretensión de que la adquisición se realice antes de marzo, “desmentimos a la secretaria Susana Rodríguez que dice que están convenciendo casa por casa. Eso es mentira ya que tienen prohibida la entrada a la comunidad”.
Reiteraron que hasta este momento solamente han podido comprar algunos terrenos privados desde hace 10 años y recientemente solamente uno en Atotonilco, a cuyo propietario lo exhibieron para tratar de dividir y confrontar a la gente, a pesar de que las autoridades declararon que ese proceso no violentaría la privacidad.
