David Francisco Aguilar Carlos, doctorante de la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ, retomó la desaparición de un grupo de cazadores originarios de León, Guanajuato, ocurrida en la región de Villanueva en 2010, para ejemplificar la conexión entre actores criminales, autoridades y sectores económicos que se benefician del control territorial y de la violencia.
En la segunda jornada del III Coloquio de Ciencia Política, el tesista ubicó el incremento sostenido de las desapariciones en Zacatecas a partir de ese año, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Recordó que en el caso de los cazadores se ha mantenido la impunidad por 15 años, luego de que policías municipales de El Plateado los entregaron presuntamente a un grupo criminal. El intercambio habría ocurrido en una gasolinera señalada en su momento como punto de cobro de rescates, lo que presentó como un ejemplo de las “zonas grises” de la criminalidad, donde confluyen delincuencia organizada, autoridades y actividades empresariales.
Al abordar el discurso institucional que reduce expresiones de la violencia a un conflicto entre criminales y sociedad, Aguilar Carlos explicó que homicidios, desapariciones, abandono de restos humanos y desplazamiento forzado no pueden entenderse únicamente como actos utilitarios, sino también como prácticas que reproducen mecanismos de control social.
Como ejemplo de violencia expresiva —actos que buscan enviar mensajes de control y sometimiento a la población—, citó uno de los casos más extremos registrados en el estado en 2022, cuando en el municipio de Montes Escobedo se documentó a un perro cargando una cabeza humana.
Se trata, dijo, de un “modelo capitalista que decide, a través de la necropolítica, el destino de sus habitantes”.
El investigador recordó que, en 2003, bajo una lógica económica de apropiación de espacios, fue ejecutado Manuel Ortega, mediador en un conflicto entre ejidatarios de Valparaíso y habitantes de Durango. En ese entonces, el asesinato ocurrido en el Centro Histórico de la capital se explicó desde el discurso oficial como derivado de rencillas familiares; sin embargo, detrás del caso se advirtieron intereses forestales.
A partir de estadísticas oficiales de defunciones por homicidio, David Aguilar se refirió a la evolución de la violencia letal en Zacatecas, al señalar una escalada moderada entre 2010 y 2013, seguida de un descenso en 2014. A partir de 2015, explicó, se observa un crecimiento sostenido que alcanza su punto más alto en 2021, desde donde se registra un decrecimiento acelerado que, planteó, podría corresponder no a una pacificación, sino a una evolución de las prácticas de la violencia hacia formas más impunes y menos visibles.
