Uno de los apoyos más importantes de financiamiento extraordinario (no oficializado), para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en el año de 1997, fue el Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES) cuyo impacto en áreas estratégicas permitió superar rezagos, principalmente en infraestructura de apoyo. La Universidad conto con más y mejores laboratorios y talleres para ejercer docencia y la investigación.
La nueva situación propicio la reformulación y actualización de Planes y Programas de estudio en respuesta a las necesidades de desarrollo estratégico del país; se elevó en cantidad y calidad el equipo de cómputo y las redes telemáticas en apoyo a la academia; instrumentando acciones tendientes a la formación de profesores y a la publicación de resultados de investigación.
En proceso de consolidación estaba el Sistema Institucional de Información Administrativo-Financiero, basado en criterios homogéneos respecto a otras instituciones, que posibilitara definir criterios para comparar y mejorar el desempeño de la Institución. Los acervos bibliográficos y de publicaciones especializadas redujeron su rezago; en global, la infraestructura académica se actualizó e incrementó sustancial y constantemente. La propia normatividad se benefició, al contar con sistemas de consulta generalizada de la legislación universitaria vigente, con la opción de proponer una nueva legislación más acorde a los nuevos tiempos que vivía la UAZ.
Sin embargo, la Universidad tenía sus propios problemas, los que respondían a las características propias de la Institución y de los universitarios que en ella actuábamos. Había problemas financieros, académicos, administrativos y de legalidad. En su estructura financiera tres eran los problemas que se visualizaban en aquellos años: déficit por exceso de plantilla (más en el sector administrativo que en el académico), adeudo al ISSSTE y déficit de anteriores administraciones.
La aplicación de los recursos para los sectores universitarios superaba el presupuesto autorizado, resaltando el sector administrativo que lo excedía en más del 100%. Se requería abordar el problema de inmediato y resolverlo satisfactoriamente. Sin embargo, sin un estudio serio de caso, el asunto se prestaba para juicios superficiales e incluso para conflictos internos.
En cuanto al problema del ISSSTE se tenía claridad del origen del déficit para con el Instituto, en especial, lo relativo a las cuotas de los trabajadores que no se cubrían desde el ingreso. El grueso del déficit universitario se encontraba en ese rubro; ya en 1997 se enfatizaba que ignorar el problema lo haría crecer a magnitudes incontrolables. Se reconocía que la UAZ por sí sola no tenía la capacidad de resolverlo. Se proponía solicitar a los gobiernos Estatal y Federal a través de la SEP, el apoyo correspondiente.
La presencia de los sindicatos a través de sus representantes era fundamental. La base del acuerdo estaba en la búsqueda y obtención de una partida adicional al subsidio universitario, equivalente al 8% que deberían aportar (y no cubrían) los trabajadores universitarios, que para evitar problemas, se entregaría vía certificada directamente de Hacienda al ISSSTE; o bien, para que en lo futuro los trabajadores académicos y administrativos aportaran sus cuotas correspondientes.
Si se lograba que el Gobierno del Estado y el Federal apoyaran el débito histórico, que ya era alarmante. Se solicitaba a los trabajadores universitarios madurez y serenidad para asumir lo que correspondiera. Se especulaba que con el apoyo se resolvería el problema financiero histórico de la Universidad, sentando las bases para su sano desarrollo y así, construir una Universidad sólida para los próximos años, lo que resultaba inviable en la situación financiera en la que se encontraba.
Se consideraba como “muy justo” que la UAZ ofreciera algo a cambio: hacerse cargo del adeudo histórico que tenía por gastos de operación. La Rectoría sostenía que el pasivo institucional por gasto de operación (no sin dificultades), podía y debía ser atendido y corregido por la Institución. Resuelto lo fundamental el problema era manejable. Para tal efecto se presentó una propuesta para la optimización del gasto universitario.
En lo referente a la Legislación, se asumía que reflejaba a la Universidad que se deseaba para el futuro. Que poco se podía avalar con la normatividad institucional si no se tenía el contexto de una nueva Ley Orgánica (para la Universidad la ley fundamental). Se sugería pensarla flexible, para no volver a incurrir en la camisa de fuerza que significaba la vigente. Que en lo académico señalara que sería el Consejo Universitario quien determinaría la estructura académica; lo mismo en materia de administración y de gobierno.
La UAZ no podía continuar sin precisar su orden jurídico. Urgía legitimar una Institución que se preciara de tener un auténtico “estado de derecho” universitario, en el que imperara la ley; abandonando la situación caótica de su normatividad, alejándose de interpretaciones que sólo respondían a coyunturas, improvisaciones y situaciones emergentes. Sobre esta base, procedería el rencauzamiento de la legalidad que significaba, primero, definir con precisión la legislación, adecuándola y proyectándola a las condiciones nuevas del entorno, y precisando los mecanismos y procedimientos que garantizaran una verdadera convivencia civilizada de los universitarios.
A pesar de los conflictos políticos que vivía la institución, la vida académica de investigación, docencia, cultura y extensión seguían su macha. Los universitarios coincidían en que, sin medidas apresuradas, había que revisar la organización académica para mejorarla, resolver los problemas que la afectaran, regularizar su funcionamiento y establecer parámetros para una autoevaluación objetiva de su relevancia y pertinencia social, complementándola con la evaluación externa.
Se seguía insistiendo en que la Universidad tenía exigencias mayores en su desempeño; muchos eran los municipios que demandaban no sólo el establecimiento de Unidades de Escuelas existentes sino de opciones diferentes. Se asignó al Secretario Académico para que en coordinación con las distintas escuelas, centros y facultades formularan el proyecto de crecimiento de la oferta educativa.
Paralelamente se solicitó a los directores el apoyo para la formulación de un proyecto que contemplara, la participación de los investigadores de sus centros académicos para la elaboración de proyectos para el conocimiento, estudio y propuestas sobre problemas relevantes en la región; salud, desertificación, desarrollo sustentable, cuestiones agropecuarias, historia, demografía, administración, justicia, difusión de la cultura, …
¡Cuánto falta conocer sobre nuestra Máxima Casa de Estudios!
Esta ignorancia es la que ha permitido que se le menosprecie o que se tergiverse su historia para satisfacer vanidades personales o intereses de grupos, ante la actitud indiferente de la comunidad universitaria.
Se parte de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT). Informes:
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1Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
