La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un nuevo decreto mediante el cual se establecen facilidades administrativas para regularizar los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales otorgados a usuarios cuyo permiso haya vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.
El instrumento jurídico, publicado el 24 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, busca fortalecer la gestión integral del agua, garantizar su acceso equitativo y promover la seguridad alimentaria.
El decreto tiene como objetivo principal ordenar y actualizar el régimen de aprovechamiento de las aguas nacionales, en especial aquellas concesiones destinadas a uso doméstico, agrícola, pecuario y de acuacultura que no excedan los 500 mil metros cúbicos anuales, así como las asignaciones a gobiernos estatales y municipales para el abastecimiento público urbano. La medida responde a la alta incidencia de títulos vencidos o no prorrogados dentro del plazo legal, lo que ha generado descontrol en el inventario hídrico nacional y un escenario propicio para el uso irregular del recurso.
Se subrayó en el decreto que el acceso al agua es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 4º de la Constitución, y que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo bajo principios de equidad, sustentabilidad y progresividad. Asimismo, se recordó que, conforme al artículo 27 constitucional, las aguas son propiedad de la Nación y su aprovechamiento por particulares solo puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El documento destaca que, pese a los decretos anteriores emitidos entre 2014 y 2023 con fines similares, persisten numerosos títulos vencidos cuya falta de regularización impide una gestión ordenada del recurso. Por ello, la nueva disposición busca dar certeza jurídica a las y los usuarios, fortalecer la transparencia institucional y armonizar la política hídrica con los principios del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, ambos enfocados en hacer del agua un derecho garantizado para todas las personas.
Entre los puntos centrales del decreto se establece un plazo de seis meses a partir de su publicación para que las personas concesionarias o asignatarias interesadas presenten su solicitud de adhesión. Deberán acreditar la propiedad o posesión de los predios, el funcionamiento de las obras hidráulicas, el uso adecuado del agua y presentar la documentación requerida ante los módulos o sistemas digitales de la Conagua.
El trámite aplicará exclusivamente para los títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua y que cumplan con las condiciones técnicas y legales. En caso de que las solicitudes sean presentadas fuera del plazo previsto, serán declaradas improcedentes.
El decreto también detalla los supuestos en los que no procederá la regularización, como cuando el solicitante no reúna las condiciones establecidas, se encuentren en trámite juicios o procedimientos administrativos de revocación, existan transmisiones de derechos o los títulos hayan sido extinguidos por causas imputables al titular. Tampoco se permitirá modificar el uso original del agua concesionada.
La Conagua tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las condiciones y podrá ejercer inspecciones o sanciones cuando se detecte un uso distinto al autorizado. Además, el organismo será responsable de promover la difusión del decreto y establecer los mecanismos administrativos necesarios para facilitar su aplicación.
En los casos donde los titulares hayan fallecido, el documento contempla la posibilidad de regularización siempre que las personas beneficiarias acrediten los derechos sucesorios correspondientes.
El decreto tendrá una vigencia de seis meses y busca consolidar una política de agua sustentable y transparente, en concordancia con los acuerdos vigentes sobre disponibilidad de acuíferos y cuencas hidrológicas.
