Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que el pago de licencias sindicales implica el riesgo de responsabilidades en materia penal y administrativa, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) clasifica esa práctica como una falta.
“El criterio es que el recurso público se tiene que utilizar para su destino final. Es decir, si hay recurso público estatal o federal destinado para cubrir la educación, pero se utiliza para pagar los gastos de un sindicato, eso es incorrecto”, explicó.
Incluso mencionó que hay el antecedente del Cecytez, en donde hubo una observación que derivó en la devolución de dinero a la federación por haberlos ejercidos para pagar una licencia sindical.
Detalló que una licencia sindical consiste en que la institución le paga al líder sindical e integrantes del comité ejecutivo, aunque no realice su trabajo habitual, pues representa a los trabajadores.
No obstante, González Romo indicó que la auditoría ha establecido el criterio de que el dinero para la educación debe utilizarse para cubrir sus gastos, y si el sindicato tiene cuotas y aportaciones de sus agremiados, entonces ese recuso debe utilizarse para pagar el salario y gastos de su gremio.
En caso de que se sigan pagando las licencias sindicales dijo que hay el riesgo de que los directivos incurran en responsabilidad penal o administrativa y representará un problema para atender las observaciones y tratar de desvirtuarlas.
Ante esa situación, refirió que la Función Pública ha informado a todos los organismos públicos descentralizados y la mayoría ha decidido cancelar las licencias con goce de sueldo que tenían los líderes sindicales.
“Eso lo hacen apegados a la Ley del Servicio Civil que dice que las remuneraciones que se paguen a los directivos del sindicato y los gastos que originan el funcionamiento de estos serán a cargo de su presupuesto cubierto por los miembros de su agrupación, o bien con base en la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del estado de Zacatecas que indica que en las dependencias no se autorizarán comisiones laborales con cargo a su presupuesto de egresos”, expuso.
González Romo comentó que algunos sindicatos han recurrido al amparo en contra de esta medida y opinó que es una buena medida porque, en caso de que un tribunal valide el pago de las licencias sindicales, los directivos y el Gobierno del Estado tendrán el respaldo legal para hacerlo.
