Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de justicia del Estado de Zacatecas, señaló que difiere ante las declaraciones de los transportistas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) sobre la subida de precios, ya que “nadie puede incrementar un precio, mucho menos al doble”, y que ahora, construir una casa, pasará de 450 mil pesos, a costar 900 mil pesos, gracias a ese incremento.
“La economía no está para eso (…) y desde luego que tienen que intervenir la Fiscalía y el Gobierno del Estado para establecer cuáles son los precios que no afecten a la economía de la sociedad en general”, señaló el fiscal.
En cuanto al tema de las extorsiones, mencionó que los transportistas negaron que hubiese presiones o extorsiones por parte del sector, y aseguró que no hay ninguna denuncia formal, por temor.
Camacho Osnaya informó que se realizó una investigación en cubierto, mediante la cual, pudieron darse cuenta de que los materiales en Guadalupe y Zacatecas están condicionados a que se compren en un solo sitio.
Sobre el tema de extorsiones, en general, comentó que desde la fiscalía se ve como un indicador que disminuye significativamente, y que, a partir de este año, ya está en funciones una fiscal especializada en el combate de delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y homicidios dolosos.
Señaló que el 81 por ciento de las extorsiones con carpeta de investigación son derivadas de llamadas y la mayoría proviene de centros de reclusión de otras entidades federativas como Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco y Veracruz, entre otras.
El fiscal, declaró que hace apenas unas semanas se adquirió un “banco de voces” que permitirá recabar los datos, las voces de las personas extorsionadoras, secuestradoras o personas que puedan estar involucradas en alguna actividad ilícita, permitiendo identificar y establecer la identidad de estas personas y en su momento poderla llevar ante los tribunales.
Sobre los avances en el tema de la explosión del tanque de gas en la Fenaza del pasado año 2024, informó que se tienen documentadas a 21 víctimas, y que no se descarta el uso de un artefacto explosivo, sin embargo, la Fiscalía General de la República ya remitió un oficio donde advirtieron que no se logró determinar si se utilizó o no un explosivo.
Informó también que se está trabajando en reformas a diversas disposiciones legales relacionadas con personas desaparecidas: “Son seis leyes, seis ordenamientos y una reforma también en la propia Constitución Política del Estado de Zacatecas”.
Añadió que será una obligación del Estado y de sus autoridades, buscar a cualquier persona desaparecida, y se establecerá que la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas quede plasmada como una obligación constitucional que la Fiscalía deba tener dentro de sus unidades.
