Perla Trejo Ortiz anunció su separación del cargo de secretaria general debido a que, al cumplir con su deber ciudadano al declarar ante una autoridad judicial, “he sido objeto de estigmatización, hostigamiento público, linchamiento digital y violencia política de género”.
Afirmó que esa campaña ha sido promovida por sectores que, sin responsabilidad ni pruebas, han tergiversado su comparecencia con el propósito de criminalizarla y acusarla sin sustento alguno de supuesta complicidad en actos graves, incluso en hechos de violencia contra las infancias, pretendiendo con ello anular su derecho legítimo a ocupar el cargo para el que fue electa.
Precisó que su declaración judicial fue objetiva e imparcial, basada en lo que le constaba durante el tiempo de convivencia con las partes involucradas, testimonio que fue valorado tanto por el Ministerio Público como por la Defensa.
Además, Trejo Ortiz indicó que fue excluida de manera deliberada de actividades institucionales propias de la secretaria general electa e incluso la omitieron de convocarla para la toma de protesta del rector, además de que este ha declarado que su nombramiento en dicho cargo estaba a disposición del Consejo Universitario, lo que vulnera sus derechos políticos.
“En consecuencia, hago público que no es de mi interés ser parte de una administración que inicia cediendo a presiones políticas disfrazadas de institucionalidad. Esta decisión no obedece a falta de compromiso ni de capacidad, sino a la firme convicción de que por encima de los puestos y de los intereses políticos, están mi dignidad, mi seguridad personal y laboral, así como la institucionalidad que ha guiado mi trayectoria universitaria”.
Por su parte, la Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (RDFUAZ) solicitó al rector Ángel Román Gutiérrez que no incluya en la administración central a personas que hayan promovido la inocencia del ex rector Rubén Ibarra Reyes, quien asumió su culpabilidad en el delito de abuso sexual agravado.
Aludieron directamente a Perla “N”, Hazael “N” y José Joaquín “N” como personas que no cumplen con los perfiles de idoneidad profesional y ética necesarios, en lo relativo a la formación, sensibilidad y actuar en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez; aunado a que han demostrado falta de objetividad, al romper con la legalidad asociando una función universitaria con la defensa (brindando voluntariamente testimonio a favor) de una persona condenada por el delito de abuso sexual agravado.
