Una de las vicisitudes recurrentes a lo largo de la historia del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), era la preocupación ante el cambio de autoridades en la Universidad y el inminente incumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT), así como a los adeudos que, era evidente, carecían de interés por resolverlos. Parecía que la estrategia de la administración en funciones era trasladarlos a la siguiente, posponiendo el cumplimiento de las prestaciones con el consiguiente perjuicio para los sindicalizados.
Ante tal situación, dio inicio un proceso encaminado a exigir el cumplimiento de lo pactado, pretendiendo que los compromisos se cubrieran dentro del periodo de mandato. Los incumplimientos se podían clasificar en dos tipos: los de carácter administrativo y los económicos. En los relacionados con aspectos administrativos y procedimentales, bastaba con que se tuviera la voluntad para avanzar en su solución.
En cuanto a los incumplimientos de carácter económico, parecía que, en lugar de explorar formas para cubrirlos, las decisiones que se tomaban pretendían complicar la solución, ya que, si los recursos eran escasos, no se justificaba que se sobrecargara la nómina con promociones que, hasta donde se sabía, se estaban generando al margen de las disposiciones legales.
Se insistía, ante las autoridades universitarias, el respecto al CCT y a la normatividad como la única forma de garantizar la seguridad en la relación laboral. Se realizaban reuniones periódicas con la representación institucional; sin embargo, la dinámica acostumbraba prometer e incumplir o el ausentismo de las oficinas y la actitud derivada de la administración discrecional de los recursos que no permitía avanzar.
A todo esto, se agregaba que, con frecuencia, las autoridades universitarias representaban más los intereses de la burocracia del centro, que los de la comunidad a la que representaban, complicando aún más la situación. Por citar un ejemplo: en el año 2000, el 48% del clausulado del CCT se había violado o incumplido, la base de sindicalizados se manifestaba mediante plebiscito en emplazar a huelga por incumplimientos, como el único recurso para obtener respuestas definitivas en el cumplimiento y pago de los compromisos que se tenían con la base magisterial.
La exigencia del cumplimiento del CCT no era, como algunos lo interpretaban (y lo siguen interpretando), únicamente un aspecto de carácter económico, sino que tenía que ver con su espíritu académico, en cuanto a la búsqueda de mejores condiciones para el trabajo académico y a la incorporación de nuevos docentes de acuerdo al trámite establecido en la legislación y no por decisiones unilaterales de las autoridades, como reiteradamente ha sucedido.
En la renovación de autoridades universitarias en el año 2000, la nueva administración con la asesoría de funcionarios de las universidades de Puebla y Guadalajara elaboraron lo que luego presentarían como Plan de Desarrollo Institucional, en el que se incorporaba un impreciso principio de compromiso con la calidad. En la lógica de darle vigencia a ese principio, en reunión de directores de Unidad Académica y responsables de Programa, se les comunicó la intensión de eliminar vicios y deficiencias en el trabajo académico, reportando al Departamento Jurídico a los profesores que cayeran en esos supuestos, sin establecer más parámetros que los que pudiera utilizar el director de la Unidad, omitiendo el procedimiento de conciliación que se establecía en el CCT.
Era evidente la posibilidad de enjuiciar con los criterios exclusivos del director, analizar y reportar la actividad de los profesores que, a juicio de esa autoridad, incumplían, pero sin tener los referentes que, además, permitieran evaluar la actividad de todos los integrantes de la planta docente de ese centro y no de manera tan selectiva. Es decir, se pretendía sancionar a quienes no estaban físicamente en el espacio del centro, pero se toleraba a quienes no radicaban en la Ciudad, o se llegaba al extremo de solicitar la expulsión de quienes opinaban diferente a las autoridades.
El SPAUAZ, a través del Comité Ejecutivo manifestó su rechazo a esas formas de proceder, solicitando que, en primer lugar, se establecieran los parámetros de evaluación a los que se debían someter todos los trabajadores académicos, los que debían estar considerados en el Reglamento Interior de Trabajo, tal como se establecía en el CCT, y no sólo los que seleccionaran los directores. La postura del Sindicato se enfocaba en el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que se derivaban del Contrato. No pretendía solapar la irresponsabilidad, pero quería dejar muy en claro que, en la situación que se vivía en la Universidad, existían también responsabilidades de las autoridades que debían sancionarse, ya que propiciaban o encubrían el incumplimiento.
El Sindicato no estaba dispuesto a que se implementara el modelo de Universidad que, apegado a las sugerencias oficiales para premiarla económicamente, castigaba al sindicalismo y a los procesos democráticos en aras de la unilateralidad burocrática. Manifestaba su disposición a participar en la trasformación de la Universidad, bajo lineamientos claros y de aplicación generalizada, definidos por las instancias que la comunidad universitaria había determinado.
En ese mismo año, debido a la opacidad en la administración del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente que se implementaba en la Institución, el 16 de noviembre se llevó a cabo en la facultad de Economía de la UAZ, el Primer Seminario de Evaluación de dicho programa. La convocatoria al personal académico de carrera activo con tiempo exclusivo en la Universidad, partía de las siguientes consideraciones:
- Qué la administración del programa no había sido clara en los últimos años, que había muchas irregularidades en su instrumentación dando trato diferente a profesores de los diversos centros universitarios.
- Qué la administración del programa no había sido transparente y con criterios homogéneos para todos los docentes.
- Qué permanentemente se violentaban los términos de la convocatoria y el contenido del propio reglamento.
- Qué se desconocían los criterios establecidos por la SEP para la aplicación del Programa de Estímulos.
- Que el criterio de evaluación para los docentes frente a grupo era menor, que los aplicados para actividades de investigación.
- Qué se desconocían los rangos de puntaje para cada nivel y que muchas actividades académicas de los decentes ante grupo no eran evaluadas.
- Qué el recurso de apelación no era más que un mero trámite burocrático y no había cumplido con su objetivo de permitir que los beneficiados del programa conocieran la forma de evaluación.
Al momento no he localizado evidencias de la realización de un segundo seminario de evaluación del programa, así como de los resolutivos del primero.
El SPAUAZ es el resultado de una lucha permanente por parte de sus fundadores, los que con un espíritu de solidaridad, consistencia y tenacidad lograron su reconocimiento por parte de la Autoridades Universitarias, lo que las viejas generaciones no deben olvidar y las nuevas tomarlo en cuenta antes de atentar en su contra.
Se parte de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT). Informes:
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1Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
