Mientras el gobierno federal da los primeros pasos hacia una nueva reforma electoral, distintos partidos de oposición han comenzado a reactivar posicionamientos sobre el rumbo que debería tomar cualquier transformación del sistema electoral.
Entre las coincidencias más claras destacan el impulso al voto electrónico o urnas electrónicas, la exigencia de fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la urgencia de frenar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han propuesto también la segunda vuelta presidencial y la eliminación de la sobrerrepresentación, a fin de evitar mayorías artificiales en el Congreso.
A nivel nacional, el PAN, en voz de su dirigente Jorge Romero Herrera, ha resaltado que su bancada sí cuenta con una propuesta de fondo, que incluye: segunda vuelta presidencial; elecciones primarias obligatorias; nulidad automática de los comicios si se acredita intervención del crimen organizado; voto electrónico; gobiernos de coalición y la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso.
La postura panista sostiene que México necesita una reforma “que fortalezca la democracia, no una hecha a modo del poder”. En Zacatecas, el presidente estatal del PAN, Aldo Peláez, ha reforzado esta línea al defender la permanencia del INE, el TEPJF y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), al tiempo que llamó a que el proceso sea abierto a la sociedad civil y no centralizado.
Por su parte, el PRI ha buscado presentarse como una fuerza propositiva con visión institucional. Según un comunicado difundido por el propio partido en mayo de 2022, su bancada en la Cámara de Diputados, coordinada por Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma electoral con diez puntos. Entre ellos: reducción de 500 a 300 diputaciones para evitar mayorías artificiales; segunda vuelta presidencial; voto electrónico; creación de una Vicepresidencia de la República; mayor libertad de expresión en campañas; y un combate frontal al crimen organizado en los procesos electorales.
La propuesta también planteaba nacionalizar plenamente los comicios y fortalecer la autonomía de la justicia electoral. En contraste con la iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRI afirmó que su propuesta buscaba una democracia “más barata, más representativa y más pacífica”.
Más recientemente, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a construir “una oposición firme” contra cualquier intento de reforma promovida desde el oficialismo que pretenda controlar las reglas del juego democrático.
En el plano local, el PRI Zacatecas, encabezado por el diputado Carlos Peña Badillo, presentó en julio de este año una iniciativa para reducir la duración de las campañas municipales, diferenciando los tiempos según el tamaño poblacional del municipio.
Además, ha manifestado un rechazo enérgico a iniciativas que pretendan eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales, calificándolas como autoritarias y como un intento por desmantelar el sistema democrático.
En cuanto a Movimiento Ciudadano (MC), la postura ha sido clara en señalar que ninguna reforma electoral debe provenir del Ejecutivo. El senador Clemente Castañeda Hoeflich advirtió el pasado 4 de agosto que una reforma impulsada desde la presidencia comprometería su legitimidad y tendría como fin último “mantener el poder”.
Subrayó que los temas verdaderamente prioritarios deben ser el combate a la violencia electoral, la intromisión del crimen organizado y el respeto al pluralismo político.
“Una reforma que no atiende, primero, la violencia electoral y, segundo, la intromisión del crimen organizado en los procesos, no tiene razón de ser”, declaró Castañeda Hoeflich.
MC también se opuso firmemente a la reforma de 2022, que calificó como “tóxica”, según expresó entonces el diputado Jorge Álvarez Máynez.
