El número de víctimas de trata de personas detectadas en el mundo repuntó 25% en 2022, superando los niveles previos a la pandemia, según el Informe Global sobre Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este aumento no solo se debe a mejoras en la capacidad de detección, sino a factores como conflictos armados, crisis climáticas, desplazamientos forzados y el debilitamiento institucional en varios países, advierte la UNODC.
En México, las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registran 271 víctimas mujeres del delito de trata entre enero y junio de 2025. Más de la mitad de los casos ocurrieron en Quintana Roo (103) y Estado de México (42), pero Zacatecas, con diez registros de víctimas mujeres, se ubica en el segundo lugar nacional por tasa, con 1.14 casos por cada 100 mil mujeres. La media nacional es de 0.40.
De las víctimas registradas en Zacatecas, cinco eran menores de edad. A nivel mundial, la UNODC documentó un aumento del 38% en la detección de niñas víctimas de trata entre el año 2020 y 2023.
Los menores de edad ya representan casi cuatro de cada diez víctimas a nivel global. En varias regiones, los niños son utilizados para trabajo forzado, mendicidad y actividades delictivas, mientras que la mayoría de las niñas sigue siendo explotada sexualmente.
El trabajo forzado se convirtió en la forma más común de trata a nivel global, con el 42% de los casos detectados, superando por primera vez a la explotación sexual, que representó el 36%. Sin embargo, la mayoría de las condenas en tribunales aún se enfocan en delitos sexuales, lo que revela un desfase entre las modalidades más frecuentes del delito y la respuesta del sistema de justicia, según la UNODC.
El informe también advierte que el 74% de los tratantes opera en redes de crimen organizado, con estructuras que funcionan como empresas o grupos jerárquicos.
Además de controlar el traslado y la explotación de las víctimas, estas redes también emplean mecanismos sofisticados como el uso de plataformas digitales para enganchar a personas vulnerables, incluidos niños, niñas y adolescentes.
Entre las medidas urgentes, la ONU propone sacar la detección de la trata del ámbito exclusivo de la policía e involucrar a quienes están en contacto directo con las poblaciones más vulnerables: personal médico, inspectores laborales, trabajadores sociales, personal de migración y maestros. Todos ellos deben contar con herramientas para identificar señales de trata y saber cómo actuar.
En el ámbito laboral, recomienda que las inspecciones incluyan la trata como una línea prioritaria, sobre todo en sectores como el campo, la construcción, la minería, el trabajo doméstico y la maquila. Además, llama a proteger el trabajo de organizaciones civiles que llegan donde las instituciones no lo hacen, en especial aquellas que atienden a mujeres, migrantes y comunidades indígenas.
La trata también ha migrado al entorno digital, y por eso la ONU urge a los gobiernos a crear unidades especializadas en delitos cibernéticos, capaces de rastrear estafas en línea donde las víctimas son forzadas a cometer fraudes.
Pide que las fiscalías cuenten con personal capacitado en análisis financiero y gestión de evidencia digital, y que se establezcan alianzas con plataformas tecnológicas y el sector bancario para desmantelar las redes desde su estructura operativa.
A nivel judicial, propone reformas legales para agilizar los procesos y proteger a las víctimas durante los juicios, así como diseñar campañas de prevención específicas para comunidades en riesgo y ofrecer rutas migratorias seguras que reduzcan el enganche de personas desplazadas por redes de explotación.
En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que persisten graves deficiencias en la identificación de víctimas y en la judicialización de los casos. Ha llamado a homologar los tipos penales, fortalecer fiscalías especializadas y garantizar refugios con atención integral. Según la CNDH, la impunidad sigue siendo uno de los principales factores que perpetúan la trata en el país.
