El caso del ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Rubén Ibarra Reyes, quien fue sentenciado por abuso sexual agravado contra una niña, pero consiguió la libertad y solo bajo presión social fue rescindido de la Universidad, contrasta con la sanción e inhabilitación de Israel “N”, ex colaborador del Ayuntamiento capitalino, quien ejerció violencia política de género contra una diputada a través de mensaje en redes sociales.
Para la abogada feminista y defensora de los derechos de la infancia, Cristela Trejo Ortiz, esta diferencia ilustra cómo las redes de poder inciden en la aplicación de justicia.
Dicha disparidad evidencia la impunidad de la que gozan los agresores vinculados a estructuras de poder, aunque el hecho de que Ibarra Reyes haya sido vinculado a proceso refleja un pequeño avance en el acceso a la justicia para las infancias, matiza la abogada.
La sentencia hacia Israel “N” también muestra que los tribunales electorales han desarrollado criterios para reconocer la violencia política de género, gracias al empuje del movimiento feminista. No obstante, Trejo Ortiz advierte que estos avances siguen siendo frágiles y, en muchos casos, se revierten en segunda instancia.
Señala que es común obtener sanciones por parte de tribunales locales, que luego son revocadas en apelación. Como ejemplo menciona el caso de una presidenta municipal en Oaxaca, reconocida como víctima tras años de agresiones por parte de sus colaboradores varones (a través de descalificaciones, desobediencia deliberada y hostigamiento, producto de una cultura institucional profundamente machista). Sin embargo, en lugar de sancionar a los agresores, el Congreso disolvió su administración.
“Eso demuestra que, aunque se reconozca la violencia, las estructuras siguen castigando a las mujeres que se atreven a ejercer el poder”, advierte.
Por otra parte, el impacto social “dentro y fuera de la Universidad de la deslegitimización a una niña víctima de abuso sexual es profundamente grave”, advierte Trejo Ortiz. A su juicio, el caso de Ibarra Reyes muestra cómo la influencia y alianzas de sujetos en el poder se traduce en protección a agresores confesos, minimización del daño y habituación a la impunidad.
“Esto es totalmente aberrante, estamos hablando de una institución pública, estamos hablando de personas que forman a otras. Entonces ¿quién está formando?, ¿cuál es la carga valoral con la que impartimos clases?”, cuestiona la universitaria.
Trejo Ortiz señala como omisiones graves la falta de inhabilitación inmediata de Rubén Ibarra no solo como rector, sino también como docente, así como la total ausencia de acciones por parte de las comisiones de honor o contralorías internas. A ello se suma la narrativa de actores que siguen desacreditando a la víctima y niegan la responsabilidad del agresor.
Lo anterior impide la reparación del daño, evidencia la debilidad del tejido ético de las instituciones y obstaculiza el avance social hacia una conciencia real sobre la violencia sexual infantil, afirma la defensora.
México registra en promedio 30 niños y niñas víctimas de abuso sexual cada día. La mayoría de los casos no llegan a juicio y apenas uno de cada mil se traduce en una condena. Solo en 2024, el sistema de salud atendió a más de 8 mil 700 menores por violencia sexual; el 92.7 % fueron niñas.
Ante este panorama, Trejo Ortiz considera que el caso de Rubén Ibarra no representa un avance sustantivo en el acceso a la justicia, pero sí marca un punto de inflexión: “Sí representa que se pueden tocar a esos personajes, aunque salgan beneficiados con procesos abreviados y con delitos menores a los que realmente corresponden”.
Menciona otros antecedentes similares, como el del ex dirigente del PES, Nicolás Castañeda, denunciado junto a su pareja por violación equiparada contra su hija adoptiva; o el caso del ex magistrado Dávila, quien fue denunciado por violación equiparada y resultó sentenciado por abuso sexual infantil, con apenas tres años de cárcel, pese a haber agredido a múltiples mujeres y niñas.
“Cuando el agresor es un hombre con poder, las instituciones tienden a protegerlo, incluso si el delito es de extrema gravedad y la víctima una niña”, concluye Trejo Ortiz.
No obstante, reconoce que el repudio social y la presión pública han permitido que algunos de estos casos salgan a la luz: “Ya no es impensable denunciar a un rector, a un ex magistrado o a un dirigente político. Ese ya es un pequeño cambio”.
