■ Se conformará el Fondo Estatal de Atención a Víctimas, con cerca de 4.5 millones de pesos
■ También dieron luz verde al Código Nacional de Procedimientos Penales para la entidad
En medio de un panorama nacional en el que se cuestiona el funcionamiento de la Ley General de Víctimas dada la atención que el gobierno de la República ha brindado a los familiares y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace más de un mes, en Zacatecas se aprobó este jueves la Ley de Atención a Víctimas de la entidad.
Por tanto, fue en el último punto del orden del día antes de pasar al espacio destinado a tratar los asuntos generales, cuando se dio luz verde a esta propuesta que, cabe recordar, fue presentada por el Poder Ejecutivo, tras haberse elaboradado durante un proceso de consulta y foros con la sociedad civil.
Finalmente, y luego de varias semanas de revisión por parte de los integrantes de la Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia, este jueves fue avalado el texto legal por 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Después de que esta ley sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, entrarán en vigor los diferentes aspectos que se crean y a los que se obliga en la normativa.
Entre estos elementos, destacan la conformación de un Fondo Estatal de Atención a Víctimas que representará 0.014 por ciento “del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos del Estado”, lo que equivale aproximadamente a 4.5 millones de pesos. También es otra cuestión importante en la ley la de elaborar un Registro Estatal de Víctimas.
Junto con la aprobación de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, se autorizó el Código Nacional de Procedimientos Penales para la entidad. En esta ocasión se obtuvieron 21 votos a favor, cero en contra y 1 abstención por parte de la legisladora Soledad Luévano
Aparte de estos dos puntos, también se turnaron a comisiones iniciativas como la de proponer un incremento en 20 millones de pesos de recursos destinado a la beneficencia pública, así como la de plantear sanciones para los despachos jurídicos o representantes de empresas y demás instituciones que realicen amenazas para cobrar a los clientes que tengan deudas.
Además, se renovó la mesa directiva que en octubre estuvo presidida por la diputada Susana Rodríguez Márquez. Durante el mes de noviembre, el presidente será Juan Carlos Regis Adame; el vicepresidente, Rafael Hurtado; mientras que la primera y segunda secretaria serán Irene Buendía y Soledad Luévano.
