■ Se trata de Ramón Montejano y María de Lourdes Narváez, funcionarios de Concha del Oro
■ Presumiblemente desviaron 2.6 mdp que se emplearían en la construcción de una carretera
La Procuraduría de Justicia del Estado solicitó a la 61 Legislatura inicie un proceso de separación del cargo del alcalde perredista y síndica de Concepción del Oro, Ramón Montejano Cepeda y María de Lourdes Narváez Calera, respectivamente a fin de poder iniciar un proceso penal en su contra por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Lo anterior ante su presunta responsabilidad en el desvío de 2.6 millones de pesos por la supuesta creación de una carretera que se pagó y no se realizó, según se detalló en la solicitud leída ayer viernes en sesión permanente del Congreso de Zacatecas.
El panista Mario Cervantes fue el encargado de leer la declaración de procedencia interpuesta por la procuradora, Leticia Soto Acosta, la cual pide a los diputados separe a los funcionarios públicos de su cargo para poder proceder penalmente en su contra por presuntos delitos cometidos en agravio de la hacienda pública de Concepción del Oro.
Esto, tras una denuncia que presentaron en su contra los ciudadanos José Oviedo y Alfredo Oviedo quienes formaron parte del Comité de Obra de la denominada pavimentación de concreto asfaltico en el entronque carretera Saltillo-Zacatecas Ciénega de Rocamontes, querella realizada el cuatro de agosto de 2014 ante la Agencia del Ministerio Público.
Aseguraron que hubo una serie de irregularidades desde el momento en que fue autorizada la obra y además, ante el mismo Ministerio Público en octubre del mismo año, el auditor superior, Raúl Brito Berúmen presentó una denuncia de hecho en contra de los funcionarios con motivo de la revisión de la cuenta pública 2013.
La obra aprobada fue de 2 millones 600 mil pesos y tuvo participación municipal y estatal. Se hizo mediante adjudicación directa a Joel Constructores SA de CV a favor de quien se expidieron dos cheques por el monto referido, sin que el proveedor aportara una póliza de fianza que garantizara el monto del contrato.
Motivo por el cual el presidente municipal ha declarado a la autoridad que el proveedor “les había quedado mal y no había llevado el producto adquirido”, por lo que fue denunciado penalmente, de modo que la obra pública a la fecha no se ha realizado pese a que el municipio ejerció la totalidad del presupuesto y la pagó en su totalidad, lo que significa un desvío de recursos públicos.
En defensa del alcalde y la síndico salieron los diputados perredistas Juan Carlos Regis e Iván de Santiago quienes aseguraron que hay facturas, las pólizas de cheque de quien recibe y quien cobra. Además, hay entre cinco y seis municipios defraudados por la misma empresa, cuyo dueño “se pasea por las calles como si nada, es un defraudador profesional que está en completa impunidad, él es quien debería reparar los daños al erario”, dijeron.
De Santiago consideró que el verdadero responsable, un contratista de nombre Eric Reyes anda suelto y ahora se burla del Ejecutivo y el Legislativo. “Con cerca de los 50 millones de pesos o más lo ha defraudado en diferentes municipios”.
La solicitud presentada por la Procuraduría se envió a la Comisión Jurisdiccional para su análisis y dictaminación.
Ayer también en la sesión se leyó una iniciativa de decreto del gobernador mediante la cual se pide autorizar al Ejecutivo a desincorporar de su patrimonio, y su posterior enajenación en calidad de permuta, un bien inmueble a favor de Emprezac SA de CV, ya que el proyecto destino del predio que el gobierno recibirá en permuta, será para otorgar certeza jurídica a las familias que se encuentran asentadas de forma irregular en las colonias Luis Donaldo Colosio y parte de la Lázaro Cárdenas.
Asimismo se leyó el comunicado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijeez), mediante el cual se notifica al Poder Legislativo el dictamen final con el cual se declara la validez de la elección de gobernador constitucional de la entidad.
