El Banco de México (BdeM) comprará valores gubernamentales con el objetivo de mejorar los mecanismos de liquidez en el sistema financiero, informó el organismo central; al tiempo que zanjó las especulaciones sobre que este mecanismo implique financiar “por debajo de la mesa” al gobierno federal o un programa de flexibilización monetaria para estimular la economía.
El BdeM se ha dedicado a operar la venta de deuda gubernamental mediante subastas de instrumentos como los Cetes, bonos M, bondes F, udibonos y Brem, con el objetivo de regular la liquidez en el sistema financiero. No obstante, desde el 15 de junio hizo modificaciones a las reglas de las subastas de Bonos de Regulación Monetaria y adelantó que comenzaría también a comprar los valores gubernamentales.
Con el anuncio de este instrumento de compra de deuda gubernamental, surgió la especulación de que este mecanismo era una manera de financiar por “debajo la mesa” al gobierno federal, que tiene en la Secretaría de Hacienda el pendiente de reducir el déficit público que en 2024 alcanzó su nivel más alto en tres décadas, antes de que se deteriore más el perfil crediticio ante las valoraciones de las calificadoras de riesgo.
Como parte de esta especulación, se indicó que la medida implicaba un programa de estímulo monetario, conocido como quantitative easing, que se usa para estimular una economía estancada.
El viernes pasado, durante una reunión para explicar el programa de subastas del tercer trimestre, y en la que también participaron la Hacienda, Petróleos Mexicanos y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el banco central aseguró que el único objetivo de la medida es contar con mayor precisión la liquidez inyectada al sistema financiero, consignó Finamex en un reporte a inversionistas.
Ayer, al abordar el tema, el banco central agregó que en el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales correspondiente a cada trimestre dará a conocer el monto máximo de las operaciones de compra que podrían llevarse a cabo en cada periodo.
Sólo se harán cuando las condiciones de liquidez del mercado de dinero así lo requieran y su realización “dependerá exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros”, puntualizó el BdeM.
Este instrumento entraría en operación el 17 de agosto y se acotó a instrumentos de plazo relativamente corto, como los Cetes y los bonos F, dado que las tasas mínimas o máximas aceptadas en estas operaciones son exactamente iguales a la tasa objetivo, actualmente en 6.5 por ciento, lo que permitiría el control sobre la política monetaria y que no haya presiones que la desvíen del nivel deseado. Instrumentos de mayor plazo, como bonos M y udibonos quedaron descartados.
Analistas financieros consideran que este mecanismo no se perfila como una forma de financiar al gobierno federal, lo cual está prohibido por la Constitución. Consideran que funcionará como una herramienta extraordinaria para inyectar liquidez al sistema financiero, no como una de estímulo monetario.
“El riesgo de que esta medida se convierta en un mecanismo para financiar al gobierno federal es relativamente bajo. Lo primero que debe señalarse es que existe una diferencia fundamental entre aceptar valores gubernamentales como colateral en operaciones temporales de liquidez y financiar el déficit público”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Grupo Monex.
Si en algún momento el Banco de México utilizara estas herramientas de forma recurrente para absorber grandes cantidades de deuda gubernamental o para mantener artificialmente bajas las tasas de interés de los instrumentos emitidos por el gobierno, entonces sí podrían surgir cuestionamientos sobre una monetización indirecta del déficit, explicó en entrevista.
Quiroz apuntó que la credibilidad de un banco central depende de que use sus facultades “exclusivamente para cumplir su mandato de preservar la estabilidad de precios”. Así que, “en un contexto donde las finanzas públicas enfrentan presiones importantes, cualquier percepción de que el Banco de México pudiera desdibujar la separación entre política monetaria y política fiscal podría afectar su credibilidad, elevar las primas de riesgo y encarecer el financiamiento de toda la economía”, advirtió.
