Por décadas, la protesta social en Zacatecas había transitado por cauces previsibles: estallidos sectoriales, liderazgos fragmentados y una rápida cooptación institucional. Hoy, ese patrón parece resquebrajarse. Dos sujetos colectivos —campesinos y magisterio— han logrado algo que rara vez coincide en el tiempo: legitimidad social, persistencia organizativa y capacidad de presión política simultánea.
El caso de los productores de frijol es ilustrativo. No se trata únicamente de una protesta por precios o acopio; es la expresión de una falla en la política agroalimentaria que requiere medidas urgentes de implementar. Las movilizaciones —bloqueos, plantones y ocupación de la Plaza de Armas— han denunciado exclusión en los programas oficiales, irregularidades en la distribución de apoyos y un esquema que, según los propios productores, privilegia intermediarios y compromisos políticos sobre a los pequeños campesinos.
El conflicto escaló al punto de paralizar vialidades de la capital y mantener durante semanas un plantón en el corazón político del estado. La escena es profundamente simbólica: tractores y campesinos resistiendo incluso en el marco del Festival Cultural, y una negociación que finalmente podría llegar a buen puerto en estos días. De solo una demanda económica; se convirtió en una disputa por reconocimiento y la narrativa.
Pero lo más relevante no es la protesta en sí, sino la solidaridad social que ha despertado. Sectores urbanos, organizaciones y —de manera significativa— docentes han expresado respaldo abierto a los agricultores. Este cruce de solidaridades rompe con la tradicional segmentación de las luchas sociales en Zacatecas y llama poderosamente la atención si existe algún proyecto político y electoral que pueda hacer suyas las demandas de estos sectores y darles solución.
Ahí es donde entra el segundo actor: el magisterio. Aunque su agenda mayoritariamente es nacional —pensiones dignas, abrogación de la Ley del ISSSTE, mejores condiciones laborales—, su presencia en Zacatecas conecta con una tradición de movilización que hoy se reactiva con nuevos bríos. Las protestas de la CNTE, con paros, plantones y advertencias de escalamiento, evidencian un descontento acumulado frente a un modelo que precarizó el retiro de los trabajadores de la educación y que aún no se resuelve del todo en tiempos de la transición.
El punto de convergencia entre ambos movimientos no es menor: la percepción de agravio estructural. Campesinos excluidos del mercado institucional; maestros desplazados de un sistema solidario de pensiones. Ambos sectores comparten una narrativa de despojo que conecta con amplios sectores de la población y que podrían influir en el panorama electoral del 2027.
En términos políticos, esto tiene implicaciones de fondo. Primero, porque ambos grupos poseen capacidad de movilización territorial. El campesinado controla rutas productivas y puede afectar cadenas de abasto; el magisterio tiene presencia en comunidades, escuelas y redes organizativas históricas. No son protestas efímeras: son estructuras sociales con arraigo.
Segundo, porque han logrado algo más complejo: legitimidad moral. A diferencia de otros movimientos, no han sido descalificados con facilidad como “grupos de interés”. La ciudadanía los percibe como portadores de demandas justas: precios dignos, inclusión productiva, jubilaciones suficientes.
Tercero, porque su eventual convergencia —todavía incipiente, pero ya visible— puede traducirse en capital político electoral. En un estado donde los márgenes de victoria suelen ser estrechos, la orientación del voto de estos sectores, o incluso su capacidad de desmovilización electoral, puede convertirse en un fiel de la balanza.
La lección para el poder es clara: no se trata de administrar conflictos, sino de resolverlos. Apostar al desgaste, a la división interna o a acuerdos parciales puede resultar contraproducente.
Zacatecas podría estar en ese umbral. Porque cuando el campo y la escuela —dos pilares históricos del tejido social zacatecano— coinciden en la protesta, lo que está en juego no es solo una política pública, sino la elección del próximo 2027.
