El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y todos los hermanados de ese movimiento enfrentan una paradoja laboral: nunca en décadas recientes los trabajadores mexicanos habían recuperado tanto poder adquisitivo, pero tampoco había sido tan evidente la deuda estructural con la formalización y la democracia sindical.
Los datos oficiales muestran avances contundentes. De acuerdo con el INEGI, la pobreza laboral —es decir, la población cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta alimentaria— cayó a 30.7 por ciento en el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo desde que existe registro. A la par, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, una recuperación histórica del poder adquisitivo impulsada primero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por Sheinbaum.
El discurso de la izquierda gobernante encuentra aquí su mayor argumento: aumentar salarios no provocó el desastre económico que durante años pronosticó el consenso neoliberal. Por el contrario, la mejora salarial coincidió con reducción de pobreza de casi 14 millones de personas, crecimiento del consumo interno y estabilidad relativa del empleo. Incluso la futura transición hacia la jornada laboral de 40 horas —que se implementará gradualmente hasta 2030— busca consolidar un modelo más cercano a estándares internacionales de bienestar laboral.
Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. México sigue siendo un país profundamente informal. Más de 54 por ciento de la población ocupada trabaja fuera de la formalidad y en Zacatecas supera el 60 por ciento, es decir, prácticamente 6 de cada 10 trabajadores carecen de seguridad social, estabilidad contractual y derechos laborales plenos. La mejora salarial beneficia principalmente a quienes ya están dentro del mercado formal; millones continúan sobreviviendo en esquemas precarios.
A ello se suma otro pendiente histórico: la democracia sindical. Aunque la reforma laboral de 2019 abrió la puerta al voto libre y secreto en los sindicatos, persisten viejas prácticas corporativas, liderazgos eternizados y contratos de protección. La izquierda en el poder enfrenta así una prueba incómoda: demostrar que puede transformar las relaciones laborales sin reproducir los vicios del sindicalismo subordinado al Estado.
El sexenio de Sheinbaum probablemente será recordado no sólo por subir salarios, sino por definir si México logra convertir esos avances en derechos universales y empleos dignos para la mayoría de su población trabajadora.
