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jueves, 26 mayo, 2022
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Avanza en la Legislatura propuesta para proteger a arrendadores de bienes inmuebles

■ El objetivo, que puedan defenderse cuando su propiedad se vea involucrada en algún delito

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por la consideración de que se otorgará mayor protección a los arrendadores de bienes inmuebles, quienes contarán con elementos de defensa adecuados en caso de verse involucrados en algún proceso de extinción de dominio si su propiedad es usada para fines delictivos, este lunes avanzó la propuesta de modificaciones al Código Civil propuesto por la diputada Maribel Galván Jiménez, en materia de arrendamiento, luego de que la Comisión Legislativa de Justicia de la 64 Legislatura dictaminó en sentido positivo.

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En entrevista para La Jornada Zacatecas, la legisladora promovente explicó que los propietarios de inmuebles se ven muy expuestos en el tema de la inseguridad cuando no conocen bien a la persona a la que le están arrendado sus propiedades y se cometen acciones delictivas y, por ende, les afecta la ley de extinción de dominio, por lo que la iniciativa busca que, mediante diversos requisitos, éstos tengan garantizados sus derechos.

Galván Jiménez precisó que la propuesta plantea la elaboración de un contrato de arrendamiento que debe tener ciertos distintivos y se inscriba ante el SAT, siempre y cuando el monto de la renta exceda la cantidad de 150 cuotas del salario mínimo, que equivale aproximadamente a 12 mil pesos mensuales, con lo que el propietario estará obligado a expedir un CFDI e inscribir el registro ante la instancia mencionada.

No obstante, de ser inferior la cuota, con independencia de las obligaciones fiscales se tendrá que inscribir en un registro municipal en el que la cuota es anual y será entonces el municipio la autoridad que lleve el registro de dichos contratos a través del juzgado comunitario y sea susceptible que el propietario sea excluido de la extinción de dominio.

Es por esto, a decir de la legisladora de Morena, que se pide incluir la reforma en el Código Civil para generarles más obligaciones al arrendador y al arrendatario, pero al mismo tiempo, para brindarles garantías de certeza jurídica para que en un futuro no expongan su patrimonio.

De acuerdo con Galván Jiménez, esta iniciativa además fomenta la prevención del delito, porque las obligaciones mencionadas le dan la seguridad al arrendatario de que su inmueble o patrimonio no está en riesgo y de ser así, se les brinde mayor justicia a las personas cuando se vean inmiscuidas en hechos delictivos, sobre todo porque la autoridad podrá supervisar que se arrendó “de buena fe”.

La Comisión de Justicia, encargada de la dictaminación, subrayó que un cuestionamiento común ha sido la dificultad que tienen los propietarios de bienes inmuebles para acreditar la licitud del arrendamiento cuando los inquilinos lo utilizan en actividades delictivas, toda vez que las autoridades, en lugar de aplicar el principio de presunción de inocencia asumen la responsabilidad del arrendador en la comisión de los delitos

“Virtud a ello, coincidimos con el contenido de la iniciativa materia del presente dictamen, pues mediante las modificaciones al Código Civil se busca otorgar una mayor protección a los arrendadores de bienes inmuebles, para que cuenten con elementos de defensa adecuados, en caso de verse involucrados en algún proceso de extinción de dominio”

Con lo anterior, aseguraron, se contribuye al respeto del principio de presunción de inocencia y al principio de debido proceso, derechos humanos previstos en la Carta Magna, y que con motivo de la aplicación de la referida figura jurídica, extinción de dominio, han sido vulnerados por las autoridades.

Apuntaron finalmente que la modificación legal no implica ni propone crear nuevas estructuras administrativas, ni tampoco se incrementa o disminuye algún capítulo del gasto que no haya sido contemplado con anterioridad, es decir, de acuerdo con el texto vigente del ordenamiento que se reforma, sino que únicamente se realizan modificaciones que precisan un supuesto jurídico que ya es atendido por los órganos del Poder Judicial del Estado, por lo que se cuenta con la estructura administrativa y recursos económicos necesarios para su implementación.

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