■ Ahora sin tierras ni trabajo no nos quedaremos cruzados de brazos, afirman los campesinos
Álvaro Morquecho y Vicente Herrera, dos de los ejidatarios que hace poco más de ocho días tomaron el acceso a la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, para exigir una nueva negociación sobre los terrenos que mediante un acuerdo le rentaron a la empresa canadiense Goldcorp, denunciaron a La Jornada Zacatecas ser víctimas de represalias por este hecho.
Conjuntamente con otras siete personas fueron despedidos el pasado 28 de enero, con el argumento de haber excedido el número de faltas permitidas por la contratante. La lista inicial dijeron, suma 15 nombres.
Entre los afectados se encuentran también Mónico y Epifanio, ambos de apellido Morquecho; mismos que fueron detenidos el pasado fin de semana bajo los cargos de extorsión, despojo y daños, al darse el desalojo de los inconformes, -según informara en su oportunidad el procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle-, mismos que apenas el día sábado habrían sido liberados por no encontrarse pruebas en su contra, según dijeron los entrevistados.
Morquecho y Herrera temen que estos hechos den inicio a oleadas de despidos que sólo afectarían a la gente de Las Mesas, Charcos, Palmas y Peñasco, todos anexos del ejido Cedros, que fue la que se inconformó con el pago de 10 mil pesos por hectárea que habían sido pactados con Goldcorp por el uso de sus tierras, además de reclamar la apropiación ilegal de un camino ejidal por la compañía.
Mientras se desarrollaba la conversación, Vicente Herrera fue interrumpido en dos ocasiones vía telefónica para informarle que dos de sus hijos, también trabajadores en Peñasquito, habían sido despedidos. Sobre sus casos comentó que ellos no formaron parte de la protesta ni son ejidatarios como él, por lo que insistió que los hechos son ilegales.
El ex trabajador agregó que la empresa también tiene planes de desalojarlos de su comunidad, Mesas, con el fin de hacer otra presa de jales en el lugar. “Tienen planeado sacarnos en menos de una año de aquí. Les interesa todo esto”, advirtió.
Por su parte Álvaro Morquecho comentó tener cuatro hijos y esposa, quienes en ese instante todavía no tenían conocimiento de su despido. Y recordó que uno de los acuerdos establecidos entre el ejido y Peñasquito fue el emplear a todos los habitantes del mismo, cosa que señaló, nunca se ha cumplido.
“Siendo nosotros los dueños del pastel les convidamos…de nuestras mismas tierras están comiendo muchos cabrones y a nosotros nos conforman con pasta y aceite”, dijo esto último en referencia a las despensas que ocasionalmente les son entregadas.
El reclamo iniciado el 18 de enero, que derivó en la toma de los accesos a la mina, tenía como fin lograr una nueva valuación de las tierras que por un periodo de 15 años se habrían facilitado en renta, por considerar que en su momento los ejidatarios fueron víctimas de un mal acuerdo debido a su ignorancia. Reclaman ahora se tome en cuenta la devastación del terreno que impedirá vuelva a ser usado para la siembra, hecho que por ende hará imposible recibir el apoyo de Procampo.
Sin tierras ni trabajo, por el momento, advirtieron que no se quedarán cruzados de brazos. Manifestaron también su desacuerdo con la postura de los ejidatarios de Cedros, quienes señalaban como necesario un acuerdo de la asamblea general para reclamar una renegociación con la empresa.
Vicente y Álvaro consideran que son sus terrenos los afectados y no los de aquellos, que se encuentran más alejados del centro de extracción.
Sobre la desunión y aún el enfrentamiento de posiciones entre la gente de Cedros y los comuneros de los anexos del ejido, el comentario de Vicente Morquecho fue que “cuando todos teníamos hambre nos uníamos”.
Inconformidad ante mineras, “un asunto de visiones”: Francisco Escobedo Villegas
El secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, aseguró que todavía este martes no tenían reportes de que hubiera despidos por parte de la empresa minera Peñasquito contra ejidatarios de la comunidad de Mesas, en Mazapil, quienes protagonizaron la toma de las instalaciones de la compañía canadiense en los días pasados.
Expuso que en caso de que en la secretaría reciban alguna queja al respecto, la administración estatal podría actuar como intermediaria entre las partes afectadas.
Insistió en que “se tiene la disposición total para revisar, coadyuvar, mediar y poder atender las inquietudes de las partes o de los trabajadores en su caso. (…)
Hablar con la propia empresa, por supuesto, con los directivos. Ahí tendríamos que ser cuidadosos porque en la relación de empresa trabajador no sabemos exactamente cuáles sean las razones, si hay algún argumento, en el caso que dice de los despidos”.
El secretario general de Gobierno recordó que la minera Peñasquito tiene actualmente conflicto con dos grupos de ejidatarios, uno en la comunidad Mesas y otro en Cerro Gordo.
No obstante, sostuvo que la compañía canadiense da empleo directo a más de 3 mil personas y, aunado a esto, también genera fuentes de trabajo adicionales por la prestación de otros servicios de proveeduría que se requieren para desarrollar estas actividades.
En ese tenor, señaló que la toma de las instalaciones que se dio por parte de los ejidatarios de Mesas, quienes fueron desalojados por elementos de seguridad pública y ya varios de ellos han sido despedidos por la minera; “nos estaba generando un problema de veras de proporciones mayores”.
Escobedo Villegas expuso que “estamos viviendo una serie de conflictos en las minas”, pero puntualizó que las inconformidades que se están generando entre los zacatecanos, sobre todo aquellos que viven en las comunidades que colindan con las explotaciones, “es un asunto de visiones”.
De igual forma concluyó que algunas de estas movilizaciones se producen “por intereses de otro tipo o por intereses de grupos también al interior de los propios ejidos que quisieran tener un beneficio mayor, a veces quizá no dentro de lo razonable”.
