La situación financiera de la UAZ no es una excepción: en el país existe un patrón de conducta donde el Estado disminuye presupuestos en términos relativos, mientras la matrícula y la presión social para incluir más jóvenes a las aulas universitarias aumenta. En la última década, en términos netos, cayó el gasto federal en Educación Superior 22 por ciento y las matrículas aumentaron 41 por ciento. Pero además, el sistema de la educación superior se divide en diferentes subsistemas: universidades federales (como la UNAM, el IPN, o la UAM), las universidades tecnológicas, y las universidades estatales. A estas últimas pertenece la UAZ. Y en este grupo, como parten del supuesto de que son instituciones de la entidad federativa en cuestión, pues sus presupuestos se integran con contribuciones tripartitas: el financiamiento federal, el estatal y los ingresos propios. Pues bien, en el caso de las universidades de este tipo, presentan enormes diferencias según el estado al que pertenecen.
La brecha entre ellas se debe a la contribución que hace su estado en lo que le corresponde de financiamiento local; por ejemplo, Sonora rebasa 40 por ciento de su presupuesto en la participación estatal, Yucatán rebasa 50; y la media nacional es de 30 por ciento. Zacatecas es de los estados que menos contribuye al financiamiento de su educación superior: lo hace con cerca de 15 por ciento. Por tanto, si la media nacional se convierte en la línea normativa, significa que el Estado de Zacatecas debe duplicar, por lo menos, su presupuesto en este rubro. Si tomamos en cuenta que el subsidio estatal de este año fueron casi 200 millones, debería por tanto doblar la cifra (o un poco más si se mueve hacia arriba el subsidio federal).
La decisión de establecer la media nacional como línea normativa, significa que Zacatecas está en falta con su Universidad por 200 millones, lo que equivale a disminuir casi en 25 por ciento el actual déficit financiero. Pero además, esta merma de recursos se expresa en la ausencia de gastos de operación, la que presiona el aumento de las cuotas de los alumnos, que impacta de manera directa en la equidad de la oferta educativa: los más pobres salen por falta de posibilidades de cubrir dichos gastos. Por tanto, como el Estado es el responsable de asegurar el derecho a la educación y hacerlo con el enfoque de equidad, debe revisarse la posibilidad de que en el próximo presupuesto se apruebe un subsidio estatal a la UAZ al menos de 400 millones de pesos. Para exigir a la Universidad resultados en su actividad educativa, se le debe dotar del mínimo de recursos para que funcione con normalidad, y un déficit que debe cubrirse es la contribución de la entidad en el subsidio local.
Al mismo tiempo los universitarios deben de hacer lo propio para ganarse el respaldo ciudadano al combatir los obvios privilegios, la corrupción imperante y la opacidad. Se tiene tarea pendiente.
