El histórico precio de garantía de 27 pesos por kilo de frijol −anunciado en noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Calera, como el mayor incremento en décadas y respuesta a una demanda histórica de los productores− benefició en la entidad a apenas el 15 por ciento de los 75 mil productores zacatecanos, estimó Faustino Adame Ortiz, ejidatario de Santiaguillo, Fresnillo.
Tras meses de protestas, bloqueos carreteros, tomas de instalaciones de la Legislatura y de Secampo y amenazas de bloquear las vías del tren, un grupo de productores consiguió un acuerdo para ingresar 2 mil toneladas al esquema de acopio. Sin embargo, Adame Ortiz junto a Adán González Acosta, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), señalaron que “El movimiento que se vio fue un grupo nada más y fue un grupo reducido”.
El grupo que negoció las 2 mil toneladas adicionales fue producto de una división alentada por el Gobierno del Estado, acusaron González Acosta y Adame Ortiz; las autoridades les prometieron atención preferencial a cambio de separarse del movimiento de frijoleros. El resultado, dicen, fue un movimiento fracturado y una solución que benefició a pocos mientras la mayoría seguía excluida.
Pese a las críticas, Faustino Adame insistió en diferenciar entre el propósito del programa precios de garantía. “Es bueno el programa que dio la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló. Añadió que no fue solo en Zacatecas donde hubo irregularidades, sino también en otros estados productores como Durango, Chihuahua y San Luis Potosí, donde −dijo− se repitieron mecanismos de acaparamiento y reventa del grano.
Adame Ortiz se unió a la lista de productores que señalan directamente al funcionario federal Ángel Mario Oláis Ávila, de haber permitido el ingreso de coyotes a los centros de acopio.
En distintas regiones productores denunciaban que intermediarios compraban frijol afuera de los centros de acopio hasta en 7, 8 o 10 pesos por kilo para después ingresarlo al esquema federal utilizando folios obtenidos de productores necesitados, relató el ejidatario.
Señaló que, uno de los hechos más graves ocurrió después de una reunión realizada con representantes de alrededor de 30 ejidos en la región de El Sitio, donde se acordó denunciar las irregularidades mencionadas. “A partir de que tuvimos una reunión… lo desaparecieron”, afirmó sobre un líder campesino de la comunidad de Buenavista cuyo paradero, aseguró, continúa sin conocerse.
Al subrayar la importancia del acompañamiento de la Guardia Nacional, Adame advirtió que en distintos puntos del estado estaban instalados “halcones” que controlaban quién podía ingresar frijol y bajo qué condiciones.
Como ejemplo, mencionó el caso del centro de acopio de Nieves, donde −aseguró− algunos productores eran obligados a entregar parte de su producto para poder ingresar al programa federal. “Llegaba la gente y les decían: ‘sí vas a meter tu frijol, pero de aquí me vas a dar la mitad’”, relató.
Al cuestionar al ejidatario por qué las críticas se concentran sobre Ángel Oláis, y no así sobre Enrique Adame Goncen, jefe de acopio en la zona norte del estado, Adame consideró que ambos forman parte de los malos manejos, pero que, en municipios como Sombrerete, Miguel Auza y Juan Aldama el control del crimen organizado es tan fuerte que ningún productor se atreve a hablar. «Ahí no te puedes mover, porque de pronto te llegan y te amenazan», dijo.
Para rescatar a los productores de estas vulnerabilidades, Faustino Adame recordó una propuesta que el FPLZ gestionó al inicio del sexenio del gobernador David Monreal: instalar una aduana en Calera que permitiría exportar directamente frijol, cebolla y ajo certificados e integrar a Zacatecas al Tratado Libre de Comercio. Representantes de Estados Unidos y Canadá llegaron a la entidad dispuestos a firmar el acuerdo. «Ya teníamos todo listo», dijo Adame Ortiz, quien participó en las negociaciones. El documento llegó al escritorio del gobernador. Monreal dijo que quería analizarlo. No lo firmó.
El ejidatario lamentó que Zacatecas, siendo el mayor productor de frijol del país y estando geográficamente en el centro de la república, siga sin una salida directa al mercado internacional.
Con una aduana en Calera, explicó, los productos zacatecanos podrían salir certificados y competir en condiciones distintas a las actuales, donde los intermediarios imponen los precios. «Ya no podemos seguir en el atrás y en el olvido de Zacatecas», dijo. El contacto con los representantes de ambos países, aseguró, sigue vigente. Lo que falta es la firma del gobernador.
