La Federación captura el grueso de los impuestos en México (96 por ciento) y después regresa a las entidades federativas parte de esos recursos por vía de las Participaciones y Aportaciones. Aun así, la Federación gasta el 60 por ciento del presupuesto. Este esquema ya no está funcionando bien, sobre todo para estados como el nuestro. Y no sólo en las fórmulas de distribución de las aportaciones a las entidades federativas en la Ley de Coordinación Fiscal, sino por las últimas medidas que recentralizan el control de los fondos. Una completa contra-reforma de los avances federalistas de los 90’s. Veamos el caso.
El Gobierno del Estado anuncia que el recurso del Impuesto Ecológico es para gastos de nómina educativa, y justo en ese rubro se pone de manifiesto las desventajas para el estado: en el 2015 se le aprobó a Zacatecas la cantidad de 6 mil 477 millones de pesos del fondo de aportaciones para la nómina educativa, pero se modificó la cifra a la baja terminando ejerciéndose 6 mil 165 millones de pesos, es decir poco más de 300 millones de disminución. Dada la dominancia del Fone en el presupuesto educativo del estado, es una cantidad significativa. Esta rebaja en el ejercicio se debe a la nueva forma de administración re-centralizada o des-federalizada. Con la cual se eliminan las posibilidades de hacer sinergias entre los sistemas estatalizado y federalizado de educación. Y desde las fórmulas se pone en desventaja a entidades como Zacatecas, porque los aspectos que ponderan no son los que tomen en cuenta a los estados con mayores problemas de equidad.
Como si fuera poco, queda hiper-centralizado todo intento de regular sobre minería por el Gobierno Federal, de tal manera que las grandes empresas se arreglan con una persona, el Presidente de la República, y todo lo tienen solucionado. Mientras todo el país sufre las consecuencias de este régimen centralista. Por ello, lo justo ahora es rediscutir todo el esquema hacendario en México, y modificar el Pacto de Coordinación Fiscal con todo y sus algoritmos de distribución y reparto, junto con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: la manera de construir la Ley de Ingresos en el Gobierno Federal y en los gobiernos estatales.
Modificar el esquema mega-centralista de la hacienda pública tendría un impacto en la forma de construir política pública desde los estados. En México, así como en los recursos, también en los programas de gobierno los estados tienen muy poco margen de maniobra para diseñar su política pública en lo económico, social o ambiental. Así como los recursos, los programas ya vienen diseñados y armados desde gobierno federal. Por lo tanto, es claro que México hoy mismo no es una República federal, sino totalmente centralista. Igual que en los años 30’s del siglo 19: Francisco García Salinas se convirtió en opositor al régimen de Santa Anna en nombre del federalismo. Así mismo ocurre hoy: se despierta la conciencia de la necesidad de hacer efectivo el federalismo contra el asfixiante y paradójico centralismo federal. Y lo peor: es el centralismo lo que hace posible la dominancia del poder fáctico de los mega-ricos, el auténtico federalismo la hace más difícil.
