En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se están llevando a cabo foros y reuniones en comisiones legislativas para la discusión de la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la rectoría del Estado para garantizar el derecho humano al agua, eliminar el uso distinto de los usos de volúmenes concesionados, el acaparamiento y concentración del agua y que este vital líquido se convierta en una mercancía.
En estos espacios de discusión donde participan legisladores, especialistas y productores agropecuarios. Desde la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la cual formo parte, planteamos algunas modificaciones orientadas a fortalecer la certeza jurídica, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad hídrica y la protección del derecho humano al agua.
Estas modificaciones responden a inquietudes de productores agrícolas y ganaderos, especialistas y de las y los mismos legisladores; buscan equilibrar el ejercicio de derechos con la realidad productiva y climática del país, partiendo de la premisa de que cualquier actualización del marco legal debe considerar la interdependencia entre el derecho humano al agua y la producción de alimentos, subrayando que “sin agua para el campo no es posible garantizar el derecho humano a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, como mandata el artículo 4º constitucional”.
Esta modificación consiste en la ampliación del concepto de derecho humano al agua, que además del uso humano y doméstico, reconoce también los usos agrícola, pecuario y acuícola, como esenciales para la seguridad alimentaria y la salud pública. Esta visión integral permite que la ley armonice el uso humano con la producción de alimentos. Una jerarquía clara de prioridades hídricas, colocando en primer orden el uso humano y doméstico, seguido de los usos agroalimentarios indispensables para combatir el hambre, garantizar la producción de alimentos y sostener los ingresos y el empleo de miles de familias rurales. Para ello, la iniciativa de ley dispone una inversión histórica en la tecnificación de los distritos de riego para un uso eficiente del agua, abatiendo el desperdicio de este vital líquido por riegos rodados o por inundación, lo cual conlleve a incrementar la producción de alimentos. Así mismo, contempla el saneamiento y reuso de aguas residuales.
Otras modificaciones y ampliaciones que avanzan en el proceso de discusión de la iniciativa son:
· Mayor precisión del texto en la iniciativa referida, en la que se explicite con más claridad, el respeto a la sucesión de concesiones a familiares por fallecimiento del titular, en los mismos términos que fue otorgada.
· Se garantiza el respeto al volumen de agua concesionado en los términos y usos en que fue otorgado.
· Fortalecimiento del vínculo entre la concesión de agua y la tierra en la compraventa del predio agrícola o ganadero, en los que los derechos del título se transfieran al nuevo propietario en los mismos términos en que fue otorgado para la misma actividad y en la misma cuenca o acuífero. Con ello se evita la pérdida automática de concesiones, se protege el patrimonio de las familias productoras y se mantiene continuidad operativa en las actividades agrícolas, pecuarias y de acuacultura.
· Se amplié el plazo para solicitar prórrogas de concesiones, permitiendo que puedan gestionarse hasta tres años antes del vencimiento. Esta medida reduce riesgos de negativa ficta, disminuye la discrecionalidad administrativa y brinda certeza a los usuarios para planear sus inversiones y ciclos productivos.
· Corrección del texto del Sexto Transitorio para asegurar que ningún trámite en curso sea afectado por la nueva legislación, garantizando el respeto al principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional.
· En materia penal, se propone eliminar los artículos que pretendían tipificar nuevas conductas dentro de la propia Ley General de Aguas, a fin de evitar duplicidades con el Código Penal Federal y preservar la coherencia del sistema normativo.
Hay que decir que para el proceso de consulta y discusión de las iniciativas referidas se mantiene una mesa permanente de trabajo entre productores agropecuarios, representantes del Gobierno de México y legisladores federales. En coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, este espacio busca fortalecer la seguridad hídrica del campo, construir reglas claras para los usuarios y avanzar hacia políticas que garanticen la producción de alimentos con sostenibilidad, equidad y justicia social.
El dictamen avanza hacia un marco jurídico más equilibrado, técnicamente sólido y socialmente responsable, que reconoce la realidad hídrica del país y protege tanto el derecho humano al agua como la actividad productiva que sostiene la alimentación de millones de familias mexicanas.
*Diputado federal por Zacatecas
