México está muy lejos de tener un sistema de salud de primer mundo porque la seguridad social está relacionada con el nivel socioeconómico, toda vez que beneficia particularmente a dos grupos:
- A las personas con seguridad social. Son aquellas que reciben servicios de salud contributivos, a través del IMSS; ISSSTE; PEMEX; SEDENA; SEMAR, etc.
Si bien es cierto que se trata de servicios públicos, también lo es que los derechohabientes deben contar con empleos formales. Bajo estas circunstancias, millones de personas que no cuentan con un empleo, son autoempleadas o pertenecen a grupos vulnerables, quedan fuera de los esquemas contributivos como son seguro social y de pensiones, que conlleva una desigualdad mayor originada por la pobreza.
- El de las personas sin seguridad social. Para atender a este sector, en el año de 2003 se creó un Programa de Seguro Popular que dependía de la Secretaría de Salud, mediante aportaciones del gobierno federal y estatal. Se trataba de un esquema descentralizado porque su ejercicio era responsabilidad de los gobiernos estatales, para otorgar servicios de salud a las personas que no contaban con seguridad social vía laboral, y por tanto, no estaban afiliadas ni al IMSS ni al ISSSTE. Esto permitió que, en cierta forma, disminuyera la carencia de acceso a esos servicios para las personas así beneficiadas. Este esquema permitía la afiliación voluntaria.
En el primer grupo predominan las personas con más alto nivel de ingresos, lo que implicaba que el Seguro Popular tuviera un fuerte componente progresivo y redistributivo.
Sin embargo, al llegar al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, aludiendo a que en el Seguro Popular existían actos de corrupción, el 29 de noviembre de 2019, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaba la Ley General de Salud, que permitió crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en sustitución del Seguro Popular. Tal reforma inició en vigencia el 1 de enero de 2020 y, a partir de esa fecha, entró en funciones la nueva dependencia. Con este nuevo modelo de Seguridad Social en el país, el presidente dio cumplimiento a uno de los compromisos ofrecidos durante su campaña: “primero los pobres”.
Cuando se comunicó que se eliminaría el Seguro Popular y la sustitución por el INSABI, el gobierno federal aseguró que ese Instituto llevaría servicios de salud y medicamento gratuitos a toda la población que no contara con seguridad social, incluido el tercer nivel de atención, que abarca la de alta especialidad.
No obstante, al cabo de tres años de haberse creado el INSABI, no se lograron los objetivos. Los problemas de corrupción persistían en detrimento de la salud. El desabasto de medicamentos continúa y se mantiene la compra de medicamentos a las farmacéuticas que, según el actual gobierno, habían abusado con sobreprecios. Se acusó también que el INSABI tuvo, como resultado, 450 mil muertos por pandemia, debido a su pésimo manejo.
Bajo estas condiciones, podemos afirmar que, por la falta de humildad para aceptar los buenos programas heredados por gobiernos anteriores, ahora se está partiendo de cero: sin Seguro Popular y sin INSABI para atender la salud de las personas más pobres y vulnerables del país.
Fue así que, el pasado martes 25 del mes actual, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de regular el sistema de salud para el bienestar.
En un comunicado emitido por esa Cámara, se apuntó que la iniciativa “considerada de urgencia y obvia resolución”, fue avalada, en lo general, por 267 votos en favor; 222 votos en contra, y una abstención, en términos del proyecto de decreto.
Se logró aprobar la desaparición del INSABI para que sus funciones sean transferidas a servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Fue enviado a la Cámara de Senadores y expone que los servicios de salud del IMSS-BIENESTAR colaborarán con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieren las personas sin seguridad social. Quedando prohibido el cobro de cuotas de recuperación por los servicios prestados.
Ahora, la Secretaría de Salud tiene un plazo de 180 días naturales, a partir de la fecha en que entre en vigor ese decreto, para emitir las disposiciones que establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones del INSABI a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-BIENESTAR) o la Secretaría de Salud, según corresponda.
Para estar en condiciones de atender el servicio, se ha lanzado la convocatoria para reclutar, en 8 estados, a partir del 5 de mayo próximo, a 29 mil 710 médicos especialistas jubilados del Seguro Social, con objeto de sumar su sabiduría y experiencia al nuevo órgano público descentralizado IMSS-BIENESTAR.
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