Un mes antes de que se cumplan ocho años de la desaparición en Iguala, Guerrero de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, también llamada Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se desconoce lo que realmente sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Quedan muchas dudas por aclarar y preguntas sin contestar, a pesar del compromiso que dice tener el actual Jefe del Ejecutivo Federal para resolver este problema, que tanto lastima a los padres de los jóvenes; a grandes sectores de la población y, a nivel internacional, agudiza el desprestigio de nuestro país debido a la situación que prevalece en materia de inseguridad y, a la sistemática violación de los derechos humanos. Si bien es cierto que el gobierno de la 4T no es totalmente responsable de lo sucedido, poco ha hecho por entregar buenos resultados.
El jueves 18 del presente mes, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en Palacio Nacional, encontrándose presentes los padres de los normalistas, dio a conocer un informe sobre el avance de la investigación que a la fecha se ha realizado. Ese documento indica una serie de nombres de ex funcionarios que, en su momento, nada hicieron por evitar los trágicos acontecimientos a pesar de que muchos conocieron en tiempo real todos y cada uno de los movimientos y hechos que se fueron presentando. También manifestó que no hay indicios de que sus hijos se encuentren con vida, y que lo ocurrido se trató de un crimen de Estado. Por razón de espacio, omitiendo los cargos que ocupaban, solo mencionaré algunos nombres de quienes, según el informe, se encuentran involucrados en el caso, incluyendo a miembros pertenecientes al Ejército: almirante Marco Antonio Ortega Siu; almirante Eduardo Redondeo Arámburo; José Miguel Espinoza Pérez; Omar García Harfuch; Manelich Castilla; Alejandro Saavedra; Carlos Gómez Arrieta; Ángel Aguirre; Iñaki Blanco; Leonardo Vázquez Pérez; Ernesto Aguirre; Sara Mónica Medina y Eduardo Sánchez.
Igualmente, se informó que el Juez Segundo de Procesos Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y contra el militar de tropa del 27 y 41 Batallones en la ciudad de Iguala, relacionados con el caso Ayotzinapa. Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que en esas órdenes de captura también se encuentran 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, así como 26 policías de Huitzuco; seis, de Iguala; uno de Cocula, y 11 estatales. Todo son consecuencia de los avances de la investigación, que señalan que entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, autoridades federales y locales conocieron, como ya se mencionó, en tiempo real la situación, por lo que pudieron haber actuado para impedir la desaparición y asesinato de los estudiantes perpetrados por Guerreros Unidos; incluso si el Ejército hubiera intervenido los habría salvado. Los delitos por los que se giraron las correspondientes órdenes de aprehensión son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de la justicia.
El también Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que, de las investigaciones, se acreditaba plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los normalistas.
No obstante, este informe refleja, en cierta medida, un avance en la investigación del caso Ayotzinapa, que lleva a cabo el gobierno actual, adolece de la esencia que por años los padres de familia, los normalistas y la sociedad han exigido:
1.- En el caso Ayotzinapa no se sabe cuál fue el móvil del crimen. En tanto, sí se desconoce por qué desaparecieron y mataron a los estudiantes, se desconoce también quién lo hizo.
2.- No se sabe la motivación que tuvo alguien para que sucediera esa tragedia. Lo que sí sabe es que alguien dio esa orden.
3.- Se desconoce qué se pretendía con la desaparición de los 43 normalistas.
4.- Quedan pendientes las causas de la desaparición.
5.- Algunas personas relacionadas con el caso ya fallecieron. Incluso en el actual gobierno. La pregunta será ¿qué sabían de este caso?
Hay mucho silencio todavía.
Al día siguiente del informe, el viernes 19 del mes actual, se cumplimentó orden de aprehensión en contra del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien el 7 de octubre de 2014 encabezó el cónclave para fraguar la creación de la falsa “verdad histórica” sobre el ataque y desaparición de los 43 normalistas, con motivo de “dar carpetazo” a este al caso.
Los delitos por los que se le acusa: a).- Desaparición forzada, b).- Tortura, c).- Contra la administración de la Justicia.
Luego, el miércoles 24 de agosto 2022 fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, quedando en el reclusorio norte.
