En Zacatecas, el Día del Niño no solo representa una fecha de celebración, sino también un llamado de atención ante las condiciones que enfrenta la infancia en la entidad, donde el 16.7 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil, por encima de la media nacional. Cada 30 de abril, México conmemora esta fecha dedicada a reconocer la importancia de la infancia y promover sus derechos; en 2026, la efeméride cumple 102 años desde su instauración.
El origen de esta conmemoración se remonta a 1924, cuando el entonces presidente Álvaro Obregón, en conjunto con su ministro de Educación José Vasconcelos, adoptaron la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, aprobada ese mismo año. Este documento fue pionero al reconocer, a nivel internacional, la necesidad de garantizar condiciones dignas para el desarrollo integral de la niñez.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Declaración de Ginebra establece que niñas y niños tienen derecho a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en momentos de necesidad, a tener prioridad en las acciones de socorro, a gozar de protección contra la explotación y a acceder a una educación que fomente la conciencia social y el sentido del deber. Este instrumento sentó las bases para la construcción de un marco jurídico internacional más robusto, que posteriormente derivó en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptadas por la comunidad internacional.
A más de un siglo de distancia, estos principios continúan vigentes; sin embargo, su cumplimiento pleno aún representa un desafío, particularmente en entidades como Zacatecas, donde persisten brechas sociales que afectan directamente a este sector de la población.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 18.4 por ciento de la población en Zacatecas estaba conformada por niñas y niños menores de 12 años, lo que refleja la relevancia demográfica de este grupo. A ello se suma que la población adolescente, de entre 12 y 17 años, representa el 9.5 por ciento del total estatal, equivalente a alrededor de 14 mil 225 personas, un segmento que enfrenta retos específicos en materia de educación, empleo y protección social.
Uno de los indicadores más preocupantes es el trabajo infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, Zacatecas registró una tasa del 16.7 por ciento en la población de 5 a 17 años, superando la media nacional de 13.1 por ciento. Esta cifra implica que una proporción significativa de menores realiza actividades económicas, muchas de ellas en condiciones que vulneran sus derechos y limitan su desarrollo.
El análisis desagregado muestra un panorama aún más complejo. En la tasa de ocupación no permitida, Zacatecas se ubicó como el sexto estado con mayor incidencia, con un 9.3 por ciento. En cuanto a la ocupación peligrosa en menores, la entidad alcanzó el séptimo lugar nacional con un 8.7 por ciento, lo que evidencia la exposición de niñas y niños a actividades que ponen en riesgo su integridad física y emocional. Asimismo, en la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, el estado también se posicionó en el séptimo sitio con un 8.9 por ciento, reflejando cargas de trabajo que afectan su desarrollo educativo y personal.
A este escenario se suma la situación de pobreza. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2020 el 53 por ciento de la población menor de 18 años en Zacatecas se encontraba en situación de pobreza. Este contexto limita el acceso a derechos fundamentales como la alimentación adecuada, la educación de calidad, los servicios de salud y una vivienda digna, factores que inciden directamente en las oportunidades de desarrollo de la infancia.
En materia de seguridad, las cifras también evidencian un entorno adverso. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registraron 686 víctimas de delitos en el grupo de 0 a 17 años en Zacatecas. Entre estos casos se contabilizan 40 homicidios, cuatro feminicidios, 14 delitos de trata de personas, 25 de corrupción de menores, 249 lesiones, un caso de extorsión, 86 delitos contra la libertad personal y 43 delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.
Estos datos reflejan que la infancia en Zacatecas enfrenta múltiples formas de vulnerabilidad que van más allá de lo económico, abarcando también riesgos en materia de seguridad, explotación y acceso a derechos básicos.
En este contexto, el Día del Niño adquiere un significado que trasciende la celebración. Si bien esta fecha suele estar acompañada de actividades recreativas, festivales escolares y obsequios, también representa una oportunidad para visibilizar las condiciones en las que viven miles de niñas, niños y adolescentes, así como para evaluar el avance (o rezago) en la garantía de sus derechos.
La conmemoración invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y sociedad para generar entornos más seguros y equitativos. Garantizar los derechos de la infancia no solo implica el cumplimiento de marcos legales, sino también la implementación efectiva de políticas públicas que atiendan las causas estructurales de problemáticas como el trabajo infantil, la pobreza y la violencia.
En Zacatecas, esto supone fortalecer los programas de apoyo a las familias, ampliar el acceso a la educación, mejorar las condiciones laborales de los hogares y reforzar los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes. También implica reconocer que detrás de cada cifra hay historias de vida que requieren atención integral y soluciones sostenidas en el tiempo.
A 102 años de la instauración del Día del Niño en México, el reto sigue siendo transformar los principios establecidos en la Declaración de Ginebra en realidades tangibles para toda la infancia. Más que una fecha en el calendario, el 30 de abril debe asumirse como un recordatorio permanente de que el desarrollo de una sociedad está estrechamente ligado al bienestar de sus niñas y niños, y que garantizar sus derechos hoy es fundamental para construir un futuro más justo, incluyente y humano.
