Mientras en distintas regiones del país el gobierno federal avanza en la construcción de infraestructura estratégica para garantizar el abasto de agua potable, el proyecto Milpillas, en Zacatecas, permanece rezagado y sin certidumbre, a pesar de contar con recursos públicos programados y de ser considerado una obra prioritaria para la entidad.
De acuerdo con información oficial, Milpillas debía iniciar en agosto de 2025, tras un proceso de licitación previsto para julio; sin embargo, a la fecha no se han reportado avances sustantivos en su ejecución. El proyecto, que se ha pospuesto durante más de tres sexenios, es clave para atender la crisis hídrica en Zacatecas, donde se estima que beneficiaría a 514 mil habitantes.
Según a la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la obra contempla una inversión total de 8 mil 900 millones de pesos, con un caudal proyectado de mil 300 litros por segundo. Para 2025 se tenían programados 350 millones de pesos, y para 2026 el Presupuesto de Egresos de la Federación etiquetó 2 mil millones de pesos adicionales, lo que refuerza su carácter estratégico, aunque sin que ello se haya traducido, hasta ahora, en el arranque de los trabajos.
El contraste resulta evidente frente al avance de otros proyectos hidráulicos a nivel nacional. Este 22 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la construcción de la presa El Novillo, en La Paz, Baja California Sur, obra que contará con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos entre 2025 y 2027, abastecerá 53 litros por segundo y beneficiará a 250 mil habitantes, además de generar 700 empleos directos y mil 400 indirectos.
El director general de la Conagua, Efraín Morales López, informó que “El Novillo” incluirá un acueducto de 15 kilómetros y tanques elevados, lo que la convierte en la obra hidráulica de mayor magnitud realizada en esa entidad en más de tres décadas. De manera similar, en Durango ya se dio el banderazo de salida a la presa El Tunal II, una demanda histórica de más de 70 años, que tendrá una inversión total de 4 mil millones de pesos y garantizará agua potable durante los próximos 50 años a 300 mil habitantes. La conclusión de esta obra está prevista para el primer trimestre de 2028.
En este contexto, el estancamiento de Milpillas contrasta con la dinámica nacional de arranque de proyectos hídricos, pese a que Zacatecas enfrenta una de las situaciones más críticas de disponibilidad de agua en el país. La falta de definiciones mantiene en suspenso una obra considerada fundamental para la seguridad hídrica del estado, aun cuando los recursos ya han sido contemplados en el presupuesto federal, y a ello se suma que no se han logrado los consensos con pobladores, ejidatarios y propietarios de tierras ubicadas en la zona de influencia del proyecto, un factor que ha incidido de manera determinante en su prolongado rezago.
Diversos especialistas han alertado que la crisis hídrica en la entidad es “profunda” y no puede resolverse únicamente con obras de infraestructura aisladas, como la presa Milpillas, cuya ejecución sigue estancada. En el foro “El problema del agua en Zacatecas”, académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) señalaron que el déficit hídrico es resultado de procesos históricos, decisiones estructurales y una gestión fragmentada del recurso, y advirtieron que una obra de gran escala por sí sola no atendería las causas raíces del problema, como la sobreexplotación de acuíferos y la falta de una política integral de uso del agua, propuestas que requerirían también una mayor participación comunitaria y medidas de gestión eficiente del líquido.
En distintos foros y debates legislativos, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha insistido en que atender la crisis hídrica nacional y en estados como Zacatecas requiere tanto de grandes proyectos de infraestructura como de apoyo al campo en la tecnificación del riego, inversión en infraestructura urbana y la reforma recién aprobada del agua, con el fin de garantizar el derecho humano al recurso, ordenar las concesiones y erradicar el mercado negro de permisos y la apertura ilegal de pozos, prácticas que han contribuido al deterioro de los acuíferos. Ramírez Cuéllar ha subrayado además que es necesario construir consensos con productores y comunidades afectadas, y que ninguna ley o iniciativa se apruebe sin claridad y beneficio para los usuarios, incluidos pequeños agricultores y ejidatarios, al tiempo que defiende que proyectos como Milpillas sólo podrán prosperar si se logra un acuerdo con los sectores sociales involucrados.
