Los cambios que se están procurando para mejorar la situación complicada de la industria minera son, hasta el momento, apenas lo mínimo que se ha podido lograr. Sigue siendo la parte más preocupante de la industria extractiva.
El impacto ambiental, prácticamente, comienza con el panorama de destrucción que se observa cuando una mina es clausurada por terminar su ciclo de extracción.
No podemos, tampoco, concluir que la minería es una dinámica de destruir para construir. En todo caso, el involucramiento de las empresas del sector debe ser efectiva, especialmente, aquellas cuyos dueños han impuesto el sistema de trabajo sin cumplir con los protocolos de seguridad, higiene y otras exigencias. Estas compañías, incluso, deberían recibir sanciones retroactivas.
Mientras en el mundo los movimientos ambientalistas se han convertido en toda una forma de vivir, en general, no se ha observado nada espectacular en cuanto a una verdadera compensación, o indemnización para las personas afectadas. Tampoco se ha visto una propuesta civilizada avanzada, consciente y verdadera en relación con la limpieza de la zona de extracción, durante y después de su vida útil, ni se ha propuesto un programa de restauración viable y aceptable por la población afectada, para la rehabilitación de la geografía del paisaje.
Es difícil prescindir de los metales, de las tierras raras y otros tipos de elementos que, hasta la fecha, se han extraído para fabricar productos que satisfacen una amplia gama de necesidades.
Es nuestra tarea, como profesionales responsables del manejo de las fuentes de recursos naturales, pero también como ciudadanía, llevar a cabo los cambios necesarios a las leyes para que la industria minera optimice el producto extraído y que, constantemente, haga las modificaciones estratégicas necesarias que detengan la explotación tan irregular y perniciosa como se había venido permitiendo a empresas, nacionales y extranjeras.
Durante la sesión legislativa de la Cámara de Diputados, la madrugada del viernes 21 del mes en curso, donde se votaría por la Ley Minera, la discusión estuvo tensa. La razón es la desinformación de representantes de los partidos autollamados de oposición. Otro de los motivos claves de por qué la negación de aceptar un cambio en favor de la mayoría de la población más necesitada es por el revanchismo que la oposición insiste en imponer.
De hecho, los tienen sin cuidado los derechos humanos, la salud ambiental y la explotación racional de los minerales.
Los argumentos que intentaron defender quienes pasaron a tribuna por parte de la oposición no explicaron por qué considerar a la población empobrecida y respetar sus derechos humanos, así como mejorar su calidad de vida, además de proteger sus tierras y su agua, tenga que ser un motivo para que las empresas no inviertan en México, si ya se ha demostrado lo contrario.
No es posible que no se tenga información del daño económico, social y cultural que han ocasionado las empresas mineras desde siglos atrás. Después de tantos años de explotación de nuestras minas, sin cumplir con todas las exigencias legales para no violar la soberanía nacional, era obvio que el paso de modificación a la Ley Minera tenía que llevarse a cabo.
Son diversos los lugares para investigar sobre la situación actual, además de los antecedentes históricos de esta industria en el país. Sin embargo, es notorio que no intercambian información entre las bancadas opositoras.
Alarma debería causarles, si es que piensan en el beneficio económico de México, la cantidad de millones de hectáreas que los presidentes neoliberales concesionaron a diferentes compañías. Permisos en los que no priorizaron la calidad del suelo, los asentamientos humanos ni las zonas protegidas.
De esta forma, han sido destruidas zonas de suelo fértil, poblaciones que fueron obligadas a emigrar por los daños causados a sus territorios, por la desaparición del sistema de milpas, además de la contaminación del agua y, no menos importante, por la invasión de zonas consideradas sagradas por los pueblos originarios afectados.
Tampoco les ha sorprendido el informe de la Secretaría de Economía, que indica el bajísimo porcentaje de impuestos que esas empresas pagan, ya que contribuyen únicamente con 0.002 por ciento de sus ingresos. Esta es una de las razones por las cuales el actual gobierno no ha concedido ningún contrato a ninguna empresa del sector.
No obstante, los cambios actuales a la Ley Minera, todavía falta mayor difusión de lo que es la industria de la extracción y lo que implica la actividad; cómo y por qué deben modificarse y agregarse, otros puntos más para seguir mejorándola.
Sin embargo, por algo se empieza.
Twitter: @AntonioGershens
