Una población educada en la historia
y la conciencia de lo que son los
patrimonios del país, constituye una
fuerza enorme para defenderlos.
Hugo Aboites
El planteamiento que hace la Secretaría de Educación Pública (SEP) acerca de lo que le ha denominado “Marco curricular y plan de estudios 2022 de la Educación Básica mexicana”, lo hacen a manera de propuesta, sin embargo, su orientación se encuentra mal encausada puesto que todo hace suponer que este marco curricular es solo una carta de buenas intenciones, no se vislumbra un planteamiento claro donde se aluda a la disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; a lo sumo, sobresale solo una orientación estratégica cuya finalidad sería hacer diagnósticos situacionales para que se vean cuales son las necesidades que tienen los educandos, sin importarles si estas necesidades realmente serán sentidas por los actores del hecho educativo para que, de esta manera, puedan hacer propuestas de reforma curricular con verdadero sentido social. Con estos planteamientos que hace la SEP, por un lado, no responden a lo que el Estado tiene como cuarta transformación y, por otro, no es una propuesta que realmente lleve a una transformación en, desde y para el ámbito educativo. No se puede o no se ha querido ir al fondo para transformar la educación del país, es evidente que el Estado-gobierno no desea ni demuestra determinación para reconstruir lo que los gobiernos neoliberales destruyeron, no desean tampoco derribar ese poderoso bloque que la política neoliberal construyó dado que siguen obedeciendo a intereses empresariales nacionales y extranjeros.
Ningún sistema de gobierno ha promovido ni encausado entre la población, el interés por la educación, mucho menos la ha apoyado como debiese, esto provoca que la sociedad entre en apatía y desdén; viéndose reflejado en un enorme rezago educativo. Debido a que no existe un verdadero sentido social en los procesos educativos, la sociedad no ha logrado convertirse en masa crítica, no existe un potencial social para que, por lo menos en corto tiempo, se exija al Estado –gobierno-, brinde una educación con sentido humano y responsabilidad social. No debemos olvidar que el derecho a la educación se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna –Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-.
El primer Secretario de Educación Pública de este gobierno de la cuarta transformación, planteó la necesidad de promover una transformación constitucional para que, el sistema educativo se viera fortalecido, después de tres años y medio de la llegada de este nuevo gobierno, sigue en la congeladora el planteamiento, este secretario, al no ver dicha transformación, argumentó que no sería realizable si no se cuenta con el apoyo de diversos organismos, tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el sector educativo privado, mexicanos primero, incluso, los padres de familia; si esto sucediera así, se rescataría la reforma educativa de Peña Nieto… ¡Vaya tendencia a la transformación del sistema educativo!
Dada la situación actual en la que se encuentra el sistema educativo, así como los procesos que promueven las autoridades educativas, las decisiones que toman y el poco impacto de todo ello en la sociedad, no hay garantía de que se pueda construir un marco curricular que propicie la transformación educativa, mucho menos social. Lo que sí es cierto, es que la reforma educativa impuesta por Peña Nieto en el 2013, dio pauta a que los sectores disidentes del magisterio se organizaran para rechazar dicha reforma, repudiando el proceder de los sindicatos oficiales, ya que lejos de apoyar a sus representados, se congratulan con las autoridades para impedir o detener las justas demandas. A la fecha, el sistema educativo sigue en manos de los sectores empresarial y conservador, razón por la cual se impide la promoción de una verdadera y significativa transformación educativa.
Con todo y la reforma constitucional de 2019, los maestros siguen experimentando situaciones que les son desfavorables, para colmo, la mayoría de los legisladores toman decisiones sesgadas puesto que desconocen los procesos educativos, y más, los que deben generarse para darle un enfoque social a la educación; solo se dejan llevar por las indicaciones que les dan los altos funcionarios de la SEP. Está claro que todavía existe un pacto con la derecha conservadora para mantener inamovible al sector educativo.
Es evidente que el Estado-gobierno no desea que se transforme el sistema educativo, quiere tener en los educandos conciencias adormiladas, obedientes, alienadas y enajenadas; tampoco desea ciudadanos y/o educandos con plena conciencia social, dispuestos a participar en procesos que lleven a la consolidación de la sociedad. El estado actúa como cómplice de la derecha conservadora, con esa postura rectora y rígida que adopta ante el fenómeno educativo, no permite que los centros educativos y universidades se fortalezcan en sus demandas, les coartan la participación dado que quienes toman las decisiones son las autoridades educativas y gubernamentales y, quienes sirven de comparsa son los sindicatos –de esta manera y bajo esta dinámica, la transformación sería una utopía-.
El proyecto de cambio o reforma curricular no debe estar avalado por la autoridad, sino por la sociedad, todo proyecto social debe estar sustentado en una verdadera utilidad social y, la educación hoy día no es garantía para la construcción de proyectos tanto sociales como educativos.
