■ Crean Fiscalía General de Justicia; sustituye a PGJEZ y su titular permanecerá en el cargo 7 años
■ Se transforma Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa
■ Los 3 magistrados y el fiscal general deberán ser designados por dos terceras partes de la Legislatura
La madrugada de este miércoles, por unanimidad, los diputados locales aprobaron diversas reformas constitucionales para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
Derivado de estos cambios se creará en Zacatecas la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa, que sustituirán a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.
La iniciativa para conformar este sistema fue enviada al Poder Legislativo por el Gobierno estatal y se analizó al interior de las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.
La transformación de la Procuraduría en Fiscalía, consideraron los diputados en el documento aprobado, permitirá dotar a esta instancia de “autonomía plena, personalidad jurídica y patrimonio propios, con el fin de evitar injerencias indebidas en el ejercicio de sus funciones”.
De igual forma, se aprobó que su titular permanecerá en el cargo por un lapso de 7 años con la misma finalidad de fortalecer su independencia, ya que la permanencia de este funcionario en el puesto no estará sujeta a la conclusión de un sexenio en concreto.
Se establece, en la nueva norma, que 30 días antes de que el fiscal en funciones termine su periodo o, en su caso, durante los 20 días posteriores a partir de su “ausencia definitiva”, la Legislatura local deberá presentar al gobernador en turno una lista de al menos cinco aspirantes, la cual haya sido aprobada por dos terceras partes de los diputados.
El mandatario estatal tendrá 10 días para regresar al Congreso una terna con los candidatos a ocupar el cargo de fiscal, quienes tendrán que comparecer ante los diputados para que estos, finalmente, voten por el titular de la Fiscalía, quien será designado con el aval de las dos terceras partes.
Una dinámica de elección similar es la que se manejará en el nombramiento de los tres magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que operará de manera autónoma.
En este caso el Congreso elaborará un listado de ocho aspirantes, aprobado por dos terceras partes de los legisladores y el cual será enviado al Ejecutivo.
El gobernador reenviará a la Legislatura local una lista reducida, ya con los nombres de sólo cinco personas, quienes serán también entrevistadas por los diputados para poder posteriormente tomar una decisión, que deberá ser igualmente avalada por dos terceras partes de los integrantes de la legislatura del estado.
En el dictamen aprobado este miércoles se establece que al interior de la Fiscalía General de Justicia será creada la denominada Fiscalía Para el Combate a la Corrupción, cuyo titular será nombrado por el fiscal pero podría ser objetado, en caso de considerarlo necesario, por dos terceras partes de la Legislatura.
Con la autorización del Sistema Estatal Anticorrupción se crearán también Órganos de Control Interno en cada uno de los entes públicos y se dotará de mayores atribuciones a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
A partir de la entrada en vigor de estas modificaciones constitucionales, la ASE tendrá la facultad de presentar denuncias contra servidores públicos por alguna irregularidad, además de que podrá aplicar las revisiones que considere oportunas, con independencia de que haya concluido o no el año.
Tanto la ASE como el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General se mencionan en el documento aprobado la madrugada de ayer como elementos que “forman parte fundamental del Sistema Estatal; con ellos se sientan las bases para consolidar un control jurisdiccional del poder público”.
Los legisladores añaden que el pasar de un mecanismo de control político a uno de control jurisdiccional “constituye un avance sin precedentes en materia de responsabilidades de los servidores públicos”.
También, tras la puesta en marcha de este sistema, se conformará un Comité de Participación Ciudadana, que se integrará en el Comité Coordinador del sistema estatal. En este punto, el dictamen reitera la necesidad de involucrar a la sociedad en la vigilancia del quehacer público.
En este sentido los diputados agregan que, sin la ciudadanía, “carecen de sentido cualquier ordenamiento o disposición que pretenda controlar el poder público. La ciudadanía informada da sustento y consistencia a las iniciativas estatales y con su participación activa se posibilita el establecimiento de límites efectivos a los poderes autoritarios”.
Otro de los aspectos que se apuntan en el dictamen aprobado es que se creará el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado, a fin de sustituir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. No obstante, se advierte que esta disposición quedará en el aire hasta que se hagan definitivos los cambios en la materia que están propuestos a nivel federal.
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