El pasado jueves 16 de abril, en la Cámara de los Diputados, se aprobó por unanimidad el “Dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de efectividad, cooperación interinstitucional, legalidad e innovación tecnológica de fiscalización superior”. Ya está en proceso su aprobación en el Senado. La iniciativa, que, como se desprende, cuenta con el consenso de todas las fracciones parlamentarias, tiene su origen en una propuesta realizada directamente por el recientemente nombrado Auditor Superior de la Federación y su equipo. Su contenido fortalece, agiliza y moderniza el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su rol de principal ente fiscalizador del país.
En un recuento rápido, la reforma considera los siguientes puntos: la agilización de los procedimientos internos en la propia ASF, con la eliminación de figuras procesales que, en los hechos, dilataban la obtención de resultados de la fiscalización superior. En este aspecto la reforma elimina las previsiones y solicitudes de aclaración y reduce los plazos para el envío de las observaciones no solventadas a las áreas de investigación.
En cuanto a la modernización, se prevén las notificaciones a través de medios electrónicos de todas las actuaciones que deriven del proceso de fiscalización, lo que sin duda contribuye en varios frentes a la eficiencia en dicha función, no solo de la Auditoría Superior de la Federación, sino también de los entes auditados, pues, como bien se puede leer en el dictamen, se reducen los costos administrativos, se mejora la trazabilidad de las actuaciones y se fortalece la seguridad jurídica de los procedimientos, sin menoscabo del debido proceso, sin obviar las ventajas que esto tiene en la agilidad, transparencia y encuadramiento de la ASF de la política de gobierno digital adoptada por el Estado mexicano hace tiempo ya.
Destaca particularmente la creación del Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, lo que implica sin duda un avance interesante en la adopción del modelo de plataformas para la gestión de datos. En este sentido tal innovación no solo implica la modernización del ente fiscalizador, también impacta en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
En este último aspecto, el del fortalecimiento de las capacidades institucionales de la entidad superior de fiscalización federal, las reformas apuestan en varios frentes: el primero, en la atribución de investigar por oficio o denuncia, presuntas faltas administrativas, aunque éstas no se deriven de procesos de fiscalización e independientemente del ejercicio fiscal del que se trate; en consonancia con ello, también se faculta a la ASF para la presentación de las denuncias respectivas a la Fiscalía Especializada. Con esto se habilita una herramienta más para cerrarle puertas a la impunidad. Al permitir a este ente la investigación de actos por denuncias, se permite a la ciudadanía una alternativa más para ejercer su derecho a un ambiente libre de corrupción y a la justicia, a través de la denuncia; en el caso de las que se inicien por oficio, también se gana una oportunidad más para que los escándalos de corrupción, tristemente tan comunes en nuestra agenda pública, sean atendidos por una institución con las facultades y capacidades de ésta.
Otra vertiente en el que la ASF consolidará sus facultades se encuentra en la imposición de multas por incumplimientos parciales u omisiones en la entrega de la información requerida a los servidores públicos en los procesos de auditoría. El dictamen es puntual: se trata de que “cualquier acción que impida o dificulte la fiscalización debe ser sancionada (…) es una medida de justicia y equidad, ya que equipara la responsabilidad de quien deliberadamente oculta la información con la de quien la entrega de forma incompleta, ambas acciones con el potencial de entorpecer gravemente la fiscalización y, por ende, la rendición de cuentas”.
También hay un avance significativo en la creación de las Auditorías Especializadas, pues con ello hay una apuesta por la especificidad, y como su propio título lo refiere, la especialización, por rubros y sectores, de las capacidades de los equipos auditores. Así pues, al focalizar la práctica, experiencia y tratamiento de los ejecutores de las auditorías por temáticas, sin duda es una apuesta a la pertinencia de las observaciones, la objetividad y la certeza en las mismas.
Y finalmente, es de celebrarse que se prevea retomar los convenios interinstitucionales con Entidades Estatales de Fiscalización (es decir, las auditorías locales), tratándose del Ramo 33. Este tema resultó una política errónea de la anterior gestión en la propia ASF, al dejar sin efecto la colaboración con las auditorías estatales, éstas perdieron un porcentaje muy alto de su universo fiscalizable, lo que, a su vez, implicó una disminución de sus capacidades para incidir en el buen ejercicio del gasto público; no solo eso, la propia Auditoría Federal perdió la oportunidad de consolidar la articulación, en lógica sistémica, de la función que compartía con sus homólogas locales. Es una buena noticia que se relance la política de alianzas en esta dirección. Ojalá y pronto veamos también un relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, que puede (y seguramente lo requiere), reformarse para adaptarse a la interesante transformación que viene en su principal actor que es la propia ASF.
Cabe concluir que esta reforma es una buena noticia en sus promesas y también en el estilo que anuncia: discreta, profesional, seria, técnicamente estructurada y estratégicamente sustentada. Se trata de una reforma que, sin aspavientos, puede impactar en un relanzamiento de la política de rendición de cuentas en el país, en una lógica de fortalecimiento de las capacidades institucionales del principal actor anticorrupción del Estado mexicano. Con ello la Auditoría Superior de la Federación retoma el impulso de la iniciativa, asume un rol proactivo, y se encamina a una transformación en la dirección correcta: desafiar la inercia burocrática y, más aún, la política.
@CarlosETorres_
