■ Considera disminuir las cargas fiscales del servicio público de taxi
Para el próximo año el Gobierno del Estado contempla cobrar contribuciones y derechos a las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, mientras que, por otro lado, tiene previsto disminuir las cargas fiscales del servicio público de taxi.
El secretario general de Gobierno Jehú Salas Dávila explicó que, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los estados no pueden limitar el libre ejercicio de una profesión u oficio, sí “hay una serie de instrumentos de carácter económico que podemos aplicar” con la finalidad de “generar una condición de competencia justa y equitativa” en el sector.
El funcionario dijo que lo que se buscaría cobrar a partir del ejercicio fiscal 2020 al transporte que se brinda desde estas plataformas sería la misma carga tributaria que actualmente tiene el transporte público y que abarca cuestiones como un refrendo especial, verificaciones, cursos de capacitación, tarjetones de circulación, el costo de inicio de una concesión y su transferencia.
Sostuvo que en estados como Tlaxcala y la Ciudad de México ya se han aplicado estas medidas mediante la retención de un porcentaje del cobro que se realiza a los usuarios del servicio, de forma que estas ganancias sean reportadas y pasen a formar parte de la recaudación estatal. En estas entidades, precisó, las empresas han estado en la disposición de sumarse al esquema.
El funcionario indicó que se tiene contemplado, además, que una parte de esta recaudación adicional que se obtenga con los pagos de los servicios de empresas como Uber y Didi se destinen a crear una plataforma propia del Gobierno del Estado para que pueda ser usada, con un formato similar al de estas compañías, por el servicio de taxi en Zacatecas.
Estas medidas fiscales deberán incluirse en la Ley de Hacienda y la de Ingresos, y debido al principio de anualidad que tiene esta legislación no estarían en condiciones de reformarlas en este año por lo que esperan hacerlo para que entre en vigor a partir de 2020.
Por el momento, Salas Dávila expuso que los primeros cambios que deben hacerse en este sentido están incluidos en la Ley de Movilidad del Estado que fue presentada al congreso local desde la legislatura pasada y que ahora está siendo analizada en las comisiones. El secretario confió en que en dos o tres semanas este texto legal pueda ser ya aprobado por los diputados.
