La promoción de eventos o figuras religiosas por parte de gobiernos civiles es un debate que se ha intensificado con la obsesión de los alcaldes de promover niños gigantes o cristos o vírgenes de gran tamaño. Hay debate porque son objetos de culto, que parece contradecir al Estado laico (por un lado), pero también son parte del patrimonio cultural de los pueblos que se aprovecha para hacer proyectos turísticos. Un cuadro, escultura o un concierto navideño (de evidente contenido religioso) es al mismo tiempo patrimonio histórico. Las fiestas civiles (como la feria de Zacatecas) se organiza junto con la virgen del patrocinio. Las fiestas patronales tienen necesariamente esa ambigüedad con la cual no se puede discernir con claridad los límites de la participación del Estado (laico) en ellas. El sólo hecho de que participen los gobiernos en las festividades navideñas con adornos en edificios públicos puede ser objeto de crítica por acendrados jacobinos. La pregunta es por los límites: ¿en qué momento se empieza a violar la laicidad?
El límite es el momento en el cual se empieza a violar la autonomía (y pluralidad) del Estado para establecer sus principios de acción social o política. Por ejemplo, en el debate sobre matrimonio igualitario, aceptar argumentos de tipo religioso para defender una ley prohibicionista, sí viola la laicidad que supone el principio de razón no confesional, propia de la ética cívica de los derechos sociales. Pero promover un concierto navideño o una exposición de pintura sacra del siglo 18 no tiene problema, porque no compromete los principios de acción del Estado. En este caso se trata únicamente de la promoción de la cultura popular o patrimonio histórico que, claro está, tiene giros religiosos.
En el caso de los alcaldes obsesionados con proyectos de turismo religioso, en los cuales invierten recursos públicos para edificar santos monumentales, ¿es una violación al Estado laico? Muy probablemente sí. Porque se invierte directamente dinero del erario en la construcción de imágenes objeto de culto de una religión particular. Y eso ningún gobierno debe hacerlo: debe ser una inversión de la iglesia y sus fieles. Si, alrededor de esos eventos, surge un proyecto para aprovechar la visita de los peregrinos con fines turísticos, como habilitar hoteles, o caminos o lugares para comida, entonces sí se justifica la inversión pública. Pero el gobierno no puede meterse al interior de la práctica del culto.
La laicidad garantiza la esencial pluralidad ideológica de los ciudadanos, y por ello, los gobiernos no se deben comprometer con uno en particular. Igualmente, el gobierno municipal no puede financiar los talleres del catecismo o las pláticas de conversión o los retiros espirituales. Un letrero que dijera: “retiro espiritual católico que invita el ayuntamiento”, viola el Estado laico porque asume un compromiso confesional. De igual modo, los gobiernos municipales no deben invertir en una imagen de culto sin comprometerse confesionalmente, y por tanto, sin violar la esencial laicidad del Estado. Es claro que son temas de complicado discernimiento, pero los alcaldes no actúan mal solo por ignorancia, lo hacen por oportunismo político: una especie de clientelismo disfrazado.
