Soy parte de la damnificada generación AFORE, esa que seguiré calificando como la peor herencia del neoliberalismo y que continuará con impacto negativo transgeneracional para el Estado Mexicano (pueblo y gobierno).
No; jamás me podré manifestar en favor de las AFORES, pero la conciencia me obliga a tratar de ser objetivo y no incurrir en la apetecible tentación de plantear soluciones falsas como la de desaparecer la ley que les dio origen.
La reflexión viene a colación por el reciente debate público en torno a la derogación o abrogación (parece no haber consenso en el objetivo) de la Ley del ISSSTE de 2007.
Quizás resulte políticamente rentable el planteamiento, pero habido tiempo es altamente probable que se convierta en un búmeran con graves consecuencias. ¿Por qué?:
Ninguna ley de seguridad social debe crearse, modificarse o desaparecer, sin un análisis actuarial profundo, profesional y responsable que estime su impacto social y financiero en el largo plazo. Recordemos que, en sistemas de pensiones, las decisiones del presente tienen gran impacto en el largo plazo y que como dice un conocido Actuario, “No debe construirse un paraíso financiero sobre un cementerio social, ni un paraíso social sobre un cementerio financiero”.
Una ley de seguridad social no regula solo pensiones, sino prestaciones como salud, vivienda, maternidad, invalidez y retiro. Su modificación, no digamos desaparición, impacta en el sistema en conjunto.
Ciertamente los beneficios de la ley anterior, eran sustancialmente mejores a los de la ley actual, y por lo tanto, intentar regresar al “estado original” es en toda su lógica, legítimo. Sin embargo, vender la idea del regreso a ese esquema, sin poner en perspectiva el impacto financiero, es en toda su esencia, una falacia o un engaño políticamente intencionado, de consecuencias potencialmente radicales.
El estatus actual tampoco es deseable. No lo es en el ISSSTE como no lo era en el IMSS, pero aunque el escenario actual de este último no es el óptimo, la reforma realizada en 2020, mitigó de manera responsable el impacto generacional del problema, principalmente mejorando los montos de cotización y la expectativa del monto de pensión, disminuyendo los costos de administración y mejorando las posibilidades para alcanzar el derecho a la pensión. ¿insuficiente? Sí, pero con un futuro menos aciago.
No debe culparse al Gobierno Federal actual, del gran problema heredado, ni tampoco deben minimizarse los esfuerzos y acciones palpables para corregirlo.
Puede criticarse quizás la incapacidad de construir una narrativa política y socialmente aceptable que permita visibilizar con claridad el problema que había y las bondades de las reformas implementadas, para demostrar con el ejemplo que, así como se mitigó el problema en el IMSS, se puede hacer en el ISSSTE.
El margen es reducido, pues de seguir reformando algunos de los sistemas en el muy fragmentado sistema integral mexicano, lejos de solucionar el problema, puede acrecentar las inequidades entre ellos, transfiriendo el costo de los beneficios “de unos”, al presupuesto público destinado a atender necesidades “de todos”.
Quiero reiterar: es responsabilidad del Gobierno, pero también de patrones, y líderes sindicales, generar consciencia (educación financiera le llaman) respecto a que los sistemas de pensiones se ligan al comportamiento demográfico y al ciclo de vida mismo, es decir, nacen, crecen, maduran y si no se cuidan ,mueren; de que en su etapa de madurez o envejecimiento, requieren modificaciones que permitan equilibrar ingresos y egresos bajo criterios de sostenibilidad (que los beneficios alcancen para todos), y preponderantemente, de que por consecuencia,las generaciones actuales no podemos aspirar a los beneficios de quienes nos antecedieron.
Quien venda lo contrario, miente. Insisto, las demandas son legítimas, pero debemos ser conscientes de las posibilidades. La supervivencia de los sistemas es responsabilidad de todos y en el planteamiento de alternativas falaces, puede haber grandes costos sociales, pero también financieros.
Cierto, hay que corregir inequidades y distorsiones, pero la solución no es derogar por derogar, o abrogar bajo la presión del falso discurso político. Ese argumento conlleva en la visión parcial, el riesgo de muerte del sistema en sí, por insuficiencia y/o insostenibilidad financiera.
¿El monto de la pensión debe mejorar en las AFORES? Sí. ¿Puede alcanzar los montos del anterior sistema? No.
¿Debe incluirse el aguinaldo en las AFORES? Sí, siempre y cuando el monto conjunto de este y la pensión, se encuentre por debajo de los parámetros establecidos en convenciones de seguridad social.
¿El monto de la pensión debe determinarse en función del último salario? No. Demostrado está, que eso genera altas inequidades y costos al sistema.
¿Debe incluirse el servicio de salud y “la herencia de pensión” para beneficiarios? Sí y solo sí, estos se encuentran incapacitados para proveerlos por sí solos.
No engañemos; ayudemos a comprender el problema y en función de eso, a encontrar alternativas para recuperar la solidaridad de los sistemas de pensiones.
