¿En que quedó el publicitado supuesto o real acuerdo que nuestro mandatario estatal de la “nueva gobernanza” tuvo, según se dijo, con el embajador Ken Salazar?
No pretendo ocuparme en extenso de su contenido ni entrar en detalles. Tan pronto y se conoció entró en suspenso luego del desacuerdo, cuestionamiento y rechazo que externó el presidente López Obrador; los actores del mismo terminaron reculando y considerando su futura probable implementación. En esencia, dicho acuerdo se refiere o refería, si es que ya se desechó, al apoyo que el gobierno norteamericano, con la participación del FBI y la DEA, brindaría al del estado de Zacatecas en materia de seguridad. El gobierno gringo colaboraría apoyándose en las instancias sobre la inteligencia para detectar focos y actores de grupos de la delincuencia organizada. Conocer los lugres en que operan, su composición, logística, rutas de trasiego y plazas en las que se han asentado como sus centros de operaciones para realizar los negocios y cometer delitos.
Muy probablemente, para hacer posible el encuentro del embajador y el gobernante intervino la mano y buenos oficios del coordinador del Senado. Con ello se buscaba que Zacatecas se utilizara como cabeza de playa, conejillo de indias o lugar para aplicar una prueba piloto pensando después en hacer extensivo el experimento en todo el país, de llegar a obtenerse buenos resultados.
Ken Zalazar, una vez que se enteró de la inconformidad y rechazo que provocó el susodicho acuerdo con el ejecutivo zacatecano, reaccionó argumentando que con un clima de inseguridad como el que se observa en Zacatecas, agudizado en la actual administración, las empresas extranjeras y norteamericanas, en primer término, no llegarían a invertir sus capitales y con ello generar empleos debido a la falta de condiciones para operar. Lo que es cierto, solo que un gobierno local, por más libre y soberano que se diga, no puede pasar por arriba del gobierno federal al que solo a él la constitución respalda para establecer tratados y acuerdos con otros países. Los gobernantes y estados que busquen suplantarlo y se abroguen esta prerrogativa, estarían atentando contra la soberanía de la nación.
Como bien lo citó el columnista Enrique Quintana, “La política exterior corresponde al Ejecutivo federal. En la Constitución está expresamente prohibido que gobiernos estatales suscriban acuerdos con gobiernos extranjeros…” (La Jornada, martes 11 de oct. 2022).
Por su parte, Julio Hernández, autor en su columna “Astillero”, del martes 11 de oct. publicada en La Jornada, llegó a escribir que “el gobernador de Zacatecas, David Monreal, hubo de recular en sus pretensiones de acogerse a la DEA, FBI y otras agencias gringas, pues el presidente señaló que ningún estado de la República puede celebrar convenios, alianzas o tratados con un gobierno extranjero… El Presidente no rompió lanzas con el itinerante embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y prefirió cargar la cuenta de este injerencismo, que no es el primero ni el único, a una supuesta ignorancia de las leyes mexicanas y a inercias del pasado”.
Aunque la situación que enfrenta el gobernador ante su incapacidad para enfrentar a los cárteles y terminar con la inseguridad en el estado, pudiera ameritar el tipo de cooperación implícita en el acuerdo, por lo que no faltarían quienes piensan que se justificaría esta acción injerencista, la de nuestro mandatario estatal no es sino una acción desesperada. Debería de verse en los espejos de estados como Coahuila y Yucatán que han logrado reducir drásticamente los homicidios dolosos y delitos del fuero común. ¿Cómo le han hecho? Comenzaron por centralizar el mando de las corporaciones encargadas de la seguridad de los pueblos y municipios con una policía eficiente y preparada recompensada con buenos salarios para no dejarse cooptar por las bandas y cárteles. Han gastado más en seguridad. Mejorando sus sistemas de inteligencia, invirtiendo en la capacitación y armamento a sus cuerpos de policías, pagándoles sueldos decentes, seguros médicos y de vida, becas para sus hijos y apoyos para que sigan estudiando en universidades. Ahí están los ejemplos que hay que seguir.
En la jerga popular el dicho “pasarse de lanza” significa jugar a ser audaz, pasarse de listo. Eso es lo que quiso hacer nuestro egregio gobernador.
