Cuánto debe costar la estabilidad y la legitimidad de los gobiernos? ¿Cuánto es justo que un país invierta en la legitimidad de sus autoridades? La democracia es una visión y un método que tiene costos. Es probable que si el Estado no invierte en procesos electorales y son los recursos privados los que muevan las elecciones, la plutocracia se adueñe de esa nación, porque los patrones de los representantes populares serán los grandes millonarios. Los políticos pagan los apoyos con obra pública, leyes a modo o descuentos tributarios. En teoría, si hay posibilidad de que los actores políticos no le deban su puesto a los magnates, serán más independientes y generarán políticas públicas de carácter igualitario, lo cual es la pretensión misma de la democracia. En suma, la idea de generar financiamiento público en los procesos electorales debería traer como consecuencia la implementación de políticas igualitarias, dado que implica dar mayor equidad a los grupos sociales y disminuir la fuerza de la plutocracia, lo cual incidiría en la correlación social de fuerzas. Sin embargo, eso no ha ocurrido: en México tenemos procesos electorales muy costosos a la hacienda pública y la plutocracia sigue teniendo enorme poder.
Se ha logrado contener el uso de recursos privados en la compra de publicidad en medios de comunicación, la propaganda impresa ha disminuido casi a cero, los reportes y los controles de gastos de campaña normales están regulados. Por ahí ya no fluye dinero privado que sea significativo. Pero en las partes más ilegales de los procesos es donde se concentra el dinero prohibido, como son los mecanismos de compra de voto. Los maletines de dinero en efectivo no los registran ni los bancos ni Hacienda. Ese dinero no sólo suele ser de origen privado, sino de origen ilícito. En esos terrenos ha entrado con mucha fuerza el crimen organizado en su objetivo de control de territorios, que compra candidaturas, las hace ganar y luego las controla cuando son autoridad. Eso sucede sobre todo en el caso de gobiernos locales. La delincuencia organizada paga votos en efectivo o en especie, y si ve que puede perder o no controlar al ganador, ejerce violencia directa contra este último. Van más de 80 candidatos asesinados en este proceso electoral intermedio. Así, estamos en el peor de los escenarios: elecciones que nos cuestan una fortuna, procesos electorales con fuerte presencia no sólo de los poderes fácticos del dinero, sino directamente el crimen organizado y gobiernos no solamente ilegítimos, sino que son verdaderos delincuentes con autoridad pública.
Si este es el contexto, entonces se requiere repensar todo el sistema electoral del país. Al mismo tiempo, reestructurar las formas de planeación y decisión en los gobiernos locales. Cerrar la puerta al dinero privado, y más aún, al dinero ilícito, es de enorme prioridad si queremos evitar caer en una trampa delitocrática en México.
