La Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas (SAMA) dispone de 20 millones de pesos para comprar terrenos destinados a la presa Milpillas, pero el costo total de las adquisiciones oscila entre 50 y 60 millones, reconoció su titular, Susana Rodríguez Márquez, al informar ante medios que aún falta adquirir el 40 por ciento de los predios necesarios para que el estado cumpla su parte en el proyecto.
Rodríguez Márquez indicó que los 20 millones ya están etiquetados en el presupuesto de SAMA y que aún no se agota ese presupuesto; añadió que existe la posibilidad de gestionar una ampliación. Subrayó que las adquisiciones son voluntarias, que no ha habido presión sobre los propietarios y que el proceso avanza en coordinación con la Coordinación General Jurídica y las áreas agrarias del estado.
«La gente está dándose cuenta que es una buena propuesta», señaló, y destacó que el proyecto es prioritario para el gobierno federal. “Es un proyecto que sigue, que la presidenta está empeñada en que se logre, amén de que ella tiene ya otras alternativas para el agua en Zacatecas a través de la Conagua, pero este es un proyecto dentro de los 17 que ella tiene como prioritarios”, expresó. Recordó que el viernes pasado la Semarnat realizó una reunión pública de información sobre el proyecto, y reconoció que existe resistencia entre algunos grupos de la región.
La funcionaria estimó que, si los trámites avanzan conforme a lo previsto, la próxima semana podría conformarse el comité de compraventa, integrado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla) y la Función Pública (SFP), para formalizar las operaciones ante notario.
Susana Rodríguez recordó que el relleno sanitario en Jerez está clausurado al 25 por ciento por autoridades federales; en Calera, el municipio sigue usando el relleno anterior —ya rebasado— pese a tener uno nuevo, y la basura llega a los límites de una carretera que colinda con cultivos de la cervecera local.
Indicó que la SAMA tiene una función preventiva y que, una vez que entran las instancias federales, las sanciones son definitivas y el estado ya no puede intervenir. «Clausuran y ¿dónde van a tirar si no tienen un espacio?», planteó, al describir el problema como circular.
Al advertir sobre la acumulación de agroplásticos en Fresnillo, Villanueva y, en menor medida, Loreto, señaló que ese residuo exige un tratamiento específico que los municipios no realizan. Indicó que hay empresas privadas capaces de captarlos, pero que la SAMA no puede intervenir sin la anuencia de cada ayuntamiento.
Rodríguez Márquez advirtió que la mayoría de los 58 municipios opera en contrariedad a la NOM-083 y que la solución exige que los ayuntamientos destinen recursos permanentes a la operación diaria de sus sitios de disposición final.
