No deja de sorprender que se sorprendan.
Extraña que asuste tanto que el presidente López Obrador centre la atención en la relación del poder económico con el mediático.
Lo ha dicho siempre: si a Juárez le tocó separar el poder eclesiástico del político, en estos tiempos toca disociar el poder económico del poder político.
Describió a los fuertes de esta relación como “la mafia del poder”: menos de media centena de personas ricas que tienen a los políticos no como sus gobernantes, o siquiera a sus reguladores, sino como sus empleados ejecutores de sus decisiones que, a cambio de un poco de dinero y otro poco de poder, les permiten vivir en la comodidad de las sombras y en sus yates las mieles de la desigualdad social y la corrupción.
La antipatía es mutua. En 2006 el Consejo Coordinador Empresarial patrocinó la campaña del “peligro para México”, en 2012 el dinero privado permitió la compra masiva de votos, y en 2018 hubo financiamiento para la Operación Berlín, y el fallido documental del populismo en América Latina.
Cierto es que López Obrador como presidente ha matizado bastante el discurso, y lo mismo ha recibido de enfrente. Predominan ahora las cortesías mutuas, los desayunos y las atenciones, a tal nivel que el presidente es a veces tachado de “neoliberal” por los mismos que otras veces lo acusan de estarnos convirtiendo en Venezuela del norte.
Pero bien dicen que la política es la guerra por otros medios, por lo que no obstante las cortesías, las diferencias continúan y las embestidas judiciales, políticas y mediáticas de unos y otros han permanecido.
Están ahí innegablemente, aunque quizá no con la fiereza con la que quisieran algunos de uno y otro bando.
En ese marco, y a más de diez años de la insurgencia del movimiento #Yosoy132 que cuestionó al poder mediático inicialmente de la Organización Editorial Mexicana y posteriormente de Televisa, uno supondría que el debate sobre los ingresos privados de los medios de comunicación se daría, mínimo, sin espantos.
No es así, el discurso de la transparencia que pone tanta atención a cuánto se gasta en los medios con recursos públicos todavía no alcanza la madurez para que hablemos de cuánto gastan en los medios y cuánto influyen en ellos las industrias trasnacionales, las mineras, los grupos cerveceros, los banqueros, o los políticos sin cargo.
A la subestimación que el presidente hace de la transparencia que nos permite saber cuánto destinan las instituciones públicas a los medios de comunicación, se contrapone la sobrestimación del concepto de quienes olvidan que sólo sabemos los pagos que se hacen por encima de la mesa, con facturas y convenios de por medio. Los menos, si no en cantidad, sí en peligrosidad.
Ignoramos mientras tanto los ingresos privados de los medios de comunicación a pesar de la creciente conciencia de que, tratándose de ese sector, el negocio no está tanto en lo que se publica sino en lo que se calla.
Y no es difícil imaginar que los privados también tienen interés por callar ecocidios, abusos laborales, condonaciones de impuestos, moches, concesiones, compras de políticos, etcétera.
Cierto es que hoy en día no tenemos el andamiaje institucional ni legal que obligue a la transparencia a los particulares. Pero tenemos los cimientos, y sobre ellos podríamos empezar a construirlos.
Si el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ha logrado “hacerse de dientes” para regular a particulares en el resguardo de los datos personales, bien podría ser también la institución “punta de lanza” que permitiera que los intereses privados que se alimentan de lo público abrieran a la sociedad un poco de sus entrañas.
El mundo privado no es un mundo aparte. Y aquellos que tanto gustan de mirar como aspiración al norte bien podrían coincidir en que transparentar ese ámbito es parte del interés social.
No hace mucho que el Senado de Estados Unido hizo comparecer al dueño de Facebook, o que se discutía de topes de las inversiones de las grandes empresas en las campañas.
Que nadie se asuste, es parte de la madurez democrática.
