No sólo hay pocos recursos para cumplir con las obligaciones del Estado en torno a los derechos sociales de los mexicanos, sino el propio crecimiento económico requiere de los detonantes del gasto público para crear espirales de crecimiento. La desigualdad social impide ambas cosas: inhibe el crecimiento como los derechos. Así las cosas, en México necesitamos ver cómo hacer para que los gobiernos tengan ingresos suficientes para poner en marcha medidas contracíclicas en la economía, elevar la demanda agregada y redistribuir riqueza en las capas más pobres a través de derechos sociales, como educación, salud y servicios.
Un crecimiento alrededor del 4 por ciento puede darle al Estado ingresos para estabilizar la hacienda, pero sin incidir nada en la desigualdad. Y si queremos derechos y crecimiento debemos forzosamente bajar la desigualdad. Y para bajar la desigualdad se necesita una hacienda pública pro-gre-si-va. Pero si en 2021 tenemos un ingreso menor 174 mmdp al 2020, con una estructura fiscal idéntica, no podemos pretender que baje la desigualdad ni un gramo. Y si el gasto se hace sobre programas que se diseñaron antes de la pandemia, no tomaron en cuenta los efectos de la crisis que se debían atender. No se puede hacer como si el Covid no existió. Además, el Coneval reportó que el 47 por ciento de los programas no tienen claridad en el problema que quieren resolver (tienen mal definido el problema), y 8 de los 17 programas prioritarios no alcanzaron a cubrir ni la mitad de la población objetivo, de los cuales el extremo es ‘sembrando vida’ que tuvo una cobertura del 9 por ciento del objetivo original. Así, se debe crear una reforma hacendaria al mismo tiempo de corregir el plan de desarrollo a la luz de la crisis del Covid.
Si el requisito es que la reforma fiscal sea progresiva (que entre más ricos paguen más), no se puede pensar en basar una reforma afectando el consumo, mucho menos alimentos o medicinas. Así que por el lado del gravamen al valor agregado no debe pensarse ningún incremento. Pero por el lado del impuesto a la renta hay una serie de oportunidades que deben explorarse, como es el caso de pasar de límites del 35 hasta el 55 por ciento y eliminar los descuentos de los altos ingresos ‘por gastos prioritarios’. México recauda apenas poco más del 16 por ciento del PIB, y la OCDE lo hace con el 34 por ciento. Más de lo doble. Los estudios sobre el ISR muestran que hay ventanas de oportunidad para elevar los ingresos por esa vía. Y claro está, que la prioridad deberá ser gravar el capital y las grandes herencias para financiar gastos sociales prioritarios. En el mundo, el propio capital y sus agencias (como el FMI) han entendido la importancia de implementar medidas efectivas que disminuyan la desigualdad extrema, al grado de que impulsan el pago de impuestos a las empresas trasnacionales y ciertas modalidades de renta básica. Así, no puede ser que un gobierno progresista (si lo es) esté muy por debajo de esas propuestas. En suma: sin una reforma fiscal progresiva no hay transformación.
